Cuidado a las personas, en camino de ser un derecho humano en América Latina

Que se visibilice y reconozca el trabajo de cuidado que hacen millones de mujeres es una lucha de larga data de los movimientos feministas en América Latina, que han tomado la delantera mundial en ese tema. El mes de agosto de 2025, pudieron festejar un triunfo importante: por primera vez, un tribunal internacional elevó el derecho al cuidado a nivel de un derecho humano autónomo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que existe un derecho a cuidar, un derecho a ser cuidado y un derecho al autocuidado, dejando claro que los Estados deben respetar, proteger y garantizar este derecho mediante leyes, políticas públicas y recursos. Pero no interpela solo a los Estados: también exige a las empresas, comunidades y familias que repiensen el cuidado como un trabajo que se debe reconocer y cuya responsabilidad es de todos.

Expertas consultadas por DW festejan la opinión de la Corte IDH, pero también señalan algunas lagunas y los retos para avanzar en la implementación de medidas concretas en un contexto político adverso.

Ines Pousadela, profesora de la universidad uruguaya ORT, habla en entrevista con DW de "una decisión bastante revolucionaria en lo jurídico y en lo político-simbólico". La integrante de la Red Latinoamericana de Politólogas subraya que ese trabajo tan esencial es uno de los "más invisibles e infravalorados".

"Reconocerlo es una cuestión de justicia social", dice la también investigadora de la organización Civicus. "El valor de ese trabajo no pagado puede superar el 40 por ciento del producto interior bruto en algunos países", añade.

Por su parte, Margarita Martínez, coordinadora de línea de género en la Organización Colombiana Dejusticia, saludó la opinión de la Corte IDH como "una decisión clave en el contexto actual". Según la historiadora, recoge muchas de las reivindicaciones feministas y ayuda a desnudar el cuento del "trabajo de cuidado como algo naturalmente femenino” como una narrativa patriarcal.

"Educar a los niños, cuidar de los enfermos y ancianos es un trabajo que nos permite sostener la vida más allá de lo material", afirma la historiadora en conversación con DW. "El cuidado involucra un trabajo emocional profundo que nos permite crecer como seres dignos y autónomos."

Su colega Lucía Ramírez, consultora de línea de género Dejusticia, habla de un mensaje político poderoso y señala que el país que pidió la opinión a la Corte IDH fue Argentina durante el anterior. Cuando ganó Javier Milei, se quiso retractar, pero la Corte siguió adelante por considerar el tema como crucial. "La Corte dice a los Estados que tienen que tomar medidas y diseñar sistemas nacionales de cuidado”, señala Ramírez a DW. "Es un mensaje poderoso, más en un contexto político adverso".

Ponerlo en práctica, el gran reto

Para la mexicana Alma Colin, coordinadora de políticas y presupuesto en la ONG Equidad de Género, el pronunciamiento de la Corte IDH, si bien no es un fallo vinculante, sino una opinión consultiva, genera un precedente y un referente de jurisprudencia.

El reto para la socióloga ahora es implementarlo en la práctica: "No es una agenda que se resuelve en un sector, es transversal, toca a educación, salud, trabajo, asistencia social", enumera Colin en entrevista con DW. "Ahora hay que ver cómo los Estados logran hacer una articulación interinstitucional y qué presupuesto le asignan".

Y eso depende mucho de la voluntad de los gobiernos y sus prioridades, en un continente que últimamente ha girado hacia la derecha, con gobiernos que priorizan la militarización y el extractivismo económico por encima del medio ambiente, de las políticas sociales y de género.

"Existe el riesgo de que los pocos avances que vimos se estanquen o se conviertan en retrocesos", admite, por su parte, Lucía Ramírez. A ambas expertas de Dejusticia, les preocupa que la Corte IDH haya hablado de una "implementación progresiva", algo que según ellas puede servir a los Estados como excusa para no avanzar. "En realidad, es un tema urgente que nos invita a repensar todo el modelo de nuestro desarrollo", subraya Martínez.

Aprender de Uruguay

El primer país en América Latina en articular un sistema nacional de cuidados con políticas públicas fue Uruguay en 2016. Siguieron Ecuador, Panamá y Colombia. También hay algunos estados mexicanos como CDMX y Jalisco.

"De Uruguay podemos aprender algunas cosas", señala Colin. En lo positivo, subraya, una política de garantizar educación preescolar pública a toda la población, en sus barrios y con horario ampliado para ayudar también a los padres en el sector informal. "Pero no se institucionalizó esa política y se canceló el presupuesto con el cambio a un gobierno de derecha en 2020", señala Colin.

Hay muchas otras ideas de cómo poner ese derecho en práctica. CDMX por ejemplo, ha creado los núcleos que se llaman "Utopías", espacios barriales culturales donde hay atención psicológica, fisioterapia para adultos mayores y cursos creativos para niños mientras sus mamás puedan disfrutar de un masaje.

Pero también se necesitan cambios legales como la seguridad social para familiares que cuidan niños o parientes enfermos y por eso renuncian total o parcialmente a un trabajo productivo. Otra política son licencias parentales equitativas obligatorias para redistribuir el cuidado de los recién nacidos.

"Actualmente, en América Latina, las licencias maternas cubren más tiempo que las paternas, y en el Caribe, por ejemplo, ni siquiera existen licencias de paternidad", subraya Martínez. Hay muchas ideas, pero todas pasan por cambios culturales profundos, por revalorizar aspectos de la vida que no tengan que ver con acumular riquezas materiales. Ahí es donde está el reto principal.