Estado de emergencia en Perú: ¿menos crimen o más protesta?

Poco más de una semana después de haber asumido como presidente interino de Perú, tras la destitución de Dina Boluarte, José Jerí recurre a una medida de excepción que le da mayores facultades para pasar "de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad", según indicó al declarar estado de emergencia en Lima y la provincia del Callao. En vigencia desde este miércoles 22 de septiembre, se extenderá por 30 días.

"Este es uno de los regímenes de excepción para atender situaciones de anormalidad constitucional, lo que viene viviendo el Perú por el crecimiento del crimen organizado, extorsiones que se dan en el ámbito del transporte, pero también en el del comercio pequeño, y esto se ha multiplicado exponencialmente. Los expertos calculan que ha crecido en 600%, de manera tal que se esperaba una medida de este tipo”, dice a DW Milagros Campos, académica en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La abogada y politóloga explica que, "como en otros regímenes de excepción, se restringen derechos vinculados a la detención de las personas, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito. Paralelamente, se han conformado una serie de comités que buscan mejorar el nivel de inteligencia de la policía, incluyendo a las Fuerzas Armadas, el servicio de Telecomunicaciones y también interviniendo cárceles, porque hay evidencia de que muchas de las extorsiones se hacen de manera coordinada desde estas”, señala.

La normativa, que intensifica patrullajes, controles de identidad en la calle y en domicilios, y operativos de búsqueda y captura, decomiso de armas y explosivos, llega en medio de protestas de diferentes organizaciones y grupos de la sociedad por la crisis institucional y de inseguridad, y que cuestionan la legitimidad del presidente interino.

"Jerí cuenta con un muy bajo apoyo y un muy alto rechazo de la ciudadanía. Según un estudio realizado por la empresa Datum, la aprobación a su gestión como presidente del Congreso era de un 6%, mientras que la desaprobación superaba el 80%. Por otra parte, una vez investido mandatario estalló una oleada de protestas, que reflejaba una intención claramente destituyente, con el lema "Que se vayan todos”, dice a DW Gitte Cullmann, directora de la Oficina Regional (Chile, Perú y Bolivia) de la Fundación Heinrich Böll (asociada al partido Los Verdes).

¿Freno a las protestas?

El mandatario "logró navegar con relativo éxito las primeras movilizaciones, que eran la principal prueba a su manejo político en lo inmediato, para así sacudirse de la crisis que derribó a Dina Boluarte”, reconoce Christopher Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, Chile, en diálogo con DW. "No obstante, en su afán de evitar amenazas a su estabilidad desde la calle, siempre surge la tentación de recurrir a medidas como la declaración de estados de emergencia”, subraya.

Es algo que ha visto de manera recurrente en su investigación sobre presidentes en medio de crisis políticas: "En este tipo de situaciones, buscan blindarse de las protestas y limitar el movimiento y reunión de personas, apelando a mantener el orden interno o para controlar la criminalidad, como dice el decreto”.

En opinión de Cullmann, "el gobierno de Jerí es hostil hacia las manifestaciones sociales. Las protestas del 15 de octubre en Lima acabaron con 120 personas heridas y un fallecido asesinado por la Policía Nacional del Perú, quien era un cantante popular de hip hop, lo que aumentó la indignación de la población que protesta, en su mayoría adolescentes y jóvenes decepcionados del modelo democrático peruano”.

"El tono del decreto supremo está referido fundamentalmente a seguridad ciudadana, no está referido a protestas de otro tipo, pero les alcanza. Entonces, hay que esperar las acciones que vengan en los días siguientes”, apunta Campos.

Efectividad contra el crimen

"Estudios hechos en Perú muestran que los estados de emergencia tienen un impacto muy a corto plazo en seguridad. El delito se desplaza a otros lugares y, luego, cuando acaba la medida, el delito vuelve nuevamente al lugar donde se instauró”, dice a DW Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología del Perú.

En ese sentido, Campos indica que "no basta la medida y el marco normativo”, sino que habrá que ver las acciones que se desarrollen y los resultados que tengan en la reducción de los asesinatos y extorsiones. El estado de emergencia no es una medida nueva y, según Zevallos, se ha usado tal vez en exceso. La gran novedad, a su juicio, son los equipos de trabajo en informaciones, comunicación e inteligencia, que "bien manejados, con los recursos suficientes y si se consiguen los objetivos, podrían marcar una diferencia”, consigna.

"Lo más importante es tener resultados pronto en algunas cosas. La prioridad para mí es el sicariato, los homicidios vinculados a la violencia criminal”, sostiene el experto en criminología. "Si se consiguen resultados, se puede generar respaldo para que el gobierno avance. Hay que saber dialogar, ver cómo se van a manejar las protestas y sobre todo tener resultados tangibles, que no se limiten a cuestiones operativas, como el número de detenidos o de incautaciones, sino que tomen control de los lugares de riesgo y, lo principal, frenen el sicariato, el homicidio”, añade.

¿Riesgo de mayor malestar? En medio del contexto actual, el riesgo de este régimen de excepción es que genere mayor malestar y protestas. Las limitaciones asociadas a las manifestaciones, como la libertad de reunión y el uso de pirotécnicos, son sensibles "y dejan abierta la discusión de si están siendo usadas, con el pretexto de la inseguridad, para reducir la posibilidad de la protesta”, observa Zevallos.

Cullmann considera que "las medidas correspondientes al estado de emergencia restringen derechos fundamentales con fines sumamente generales. La suspensión de los derechos de libertad de reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio se presentan como condiciones necesarias para las acciones conjuntas de la policía, las fuerzas armadas y los funcionarios municipales peruanos, que, hasta el momento, no responden a una estrategia preestablecida”.

Para la representante de la Fundación Heinrich Böll, "Jerí no posee legitimidad popular ni un proyecto político concreto, sino meramente el apoyo de los principales partidos políticos en el muy deslegitimado Congreso del Perú”. A su juicio, el estado de excepción fue establecido para apaciguar las movilizaciones sociales y ralentizar el deterioro agudo hasta las elecciones del próximo año.

Por su parte, Campos estima que "una parte de las protestas se deben a la inseguridad ciudadana, que ha hecho que se sumen los distintos gremios vinculados al transporte y a otras actividades económicas. El estado de emergencia es una respuesta que el nuevo gabinete está dando y habría que mirar cuál es el resultado. El seguimiento tendrá que venir justamente del control parlamentario y del control que asuman las distintas organizaciones para ver los resultados y la proporcionalidad con la que se actúe”.

"Lo contradictorio es que, en muchas ocasiones, la declaración de los estados de emergencia activa las protestas callejeras en contra del gobierno y alimentan el malestar social. Esto es especialmente cierto si es que, producto de las medidas, se registra un alto número de heridos a causa de enfrentamientos con la policía, o si es que hay fallecidos”, apunta Martínez. En este escenario, las protestas programadas para este sábado 25 de octubre serán una nueva prueba para Jerí y el régimen de excepción.