Día de los Derechos Humanos: América Latina retrocede

Desde 2016, la organización internacional Civicus, que reúne a activistas y oenegés de todo el mundo, emite un reporte conocido como Civicus Monitor, donde analiza el estado de las sociedades civiles y el respeto a las libertades en 198 países y territorios.

El informe publicado en 2025, dice a DW Ana María Palacios, encargada de la investigación, es el que ha mostrado un mayor descenso en esos parámetros, y América es uno de los continentes donde la situación más ha empeorado.

"Una de las cuestiones que identificamos es que quienes protestan, defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, enfrentan ataques. Esto no solo lo vemos en gobiernos con un continuado carácter autoritario, sino también en democracias consolidadas", explica la especialista, que menciona los casos de Argentina, Estados Unidos y El Salvador como ejemplos concretos de aumento de rasgos autoritarios y mayores grados de represión al disenso.

"En el caso de América, hablamos de que el 90 por ciento de la población vive en espacios donde ejercer las libertades cívicas es muy complicado, porque hay agresiones físicas y a través de redes sociales, además de amenazas", explica Palacios.

"Una de las principales violaciones que documentamos es a la libertad de expresión, y la situación más extrema la viven quienes defienden el medio ambiente. América es la región más letal para quienes defienden los derechos medioambientales", apunta.

"El continente sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos, y esto incluye a periodistas y líderes de la oposición, que deben enfrentar un doble riesgo: por un lado, violencia directa, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e incluso asesinatos, y por otro, campañas de estigmatización y criminalización que buscan silenciarlos", declara a DW la abogada experta en DD.HH. y exministra de Relaciones Exteriores de Chile Antonia Urrejola.

Democracia erosionada

Uno de los diagnósticos de Civicus Monitor es que ha habido un retroceso sostenido de los espacios cívicos en la región. "Comparto ese diagnóstico", señala Urrejola. "Los casos que ahí se indican son síntomas de una misma tendencia de erosión democrática bajo el discurso de la seguridad o del orden", agrega.

En este escenario, el caso de El Salvador es paradigmático. Con la justificación de reducir la incidencia criminal se ha abogado por restricciones a las libertades. "Ya tenemos más de tres años de estado de excepción y año tras año se ha ido erosionando la democracia con cambios en la judicatura, modificaciones constitucionales para permitir la reelección indefinida o la ampliación del período presidencial", apunta Palacios, que también recuerda la aprobación de la ley de agentes extranjeros, "con efectos inmediatos en el cierre de organizaciones de derechos humanos en el país".

"Cuando una medida excepcional pasa a ser el corazón de una política pública, se va degradando el estado de derecho. En Argentina también hemos visto un endurecimiento de la respuesta estatal frente a la protesta, y efectivamente también comparto la preocupación de que se vayan cerrando los espacios de movilización social", apunta Urrejola.

Precisamente en Argentina, complementa Palacios, "documentamos una caída en las libertades desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió el gobierno, porque a las dos semanas se aprobó un protocolo antipiquetes, que hemos visto implementarse de forma muy agresiva en 2025". La experta de Civicus menciona que al menos 700 personas han resultado heridas en protestas, con casos de "tortura, maltratos crueles, inhumanos y degradantes de quienes fueron detenidos de forma arbitraria, e incluso casos de violencia sexual".

¿Vivir sin miedo o vivir sin derecho?

El reporte analiza también la situación de Ecuador, donde el estado de excepción "se ha convertido en una forma normalizada de gobernar", dice Palacios, y de Honduras, que ha impuesto "estados de excepción localizados que no han tenido mucha cobertura mediática".

"Cada vez hay más aceptación de que esa es la forma en que se debe abordar la criminalidad, y sin embargo no hay una disminución que justifique una vulneración de las garantías fundamentales en ninguno de estos países”, agrega la investigadora.

Urrejola, por su parte, estima que esta regresión responde a una combinación de factores: crisis de seguridad, desigualdad persistente, una democracia que no ha ofrecido las respuestas esperadas por la ciudadanía y el auge de liderazgos que ofrecen atajos autoritarios.

"Lamentablemente, cuando se normaliza que jueces, fiscales y periodistas sean estigmatizados, como hemos visto en varios países de la región, por cuestionar la lucha contra el crimen, se abre la puerta a neutralizar los contrapesos que sostienen cualquier democracia", advierte Urrejola, que aprovecha para ensayar una autocrítica: "Quienes creemos en la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos tenemos que preguntarnos por qué nuestras narrativas no están llegando a la gente".

Si bien el informe también deja espacio para cambios positivos, como el avance del Acuerdo de Escazú -el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe-, la inminente aprobación en Chile de una ley que protege a defensores del medio ambiente y una sentencia en la misma línea de un tribunal boliviano, el hecho concreto es que, en la región, las libertades cívicas están cada vez más presionadas.

"El riesgo es que se consolide una nueva receta regional con estados de excepción indefinidos, militarización de la seguridad interna y debilitamiento de los controles institucionales, todo esto legitimado por encuestas de apoyo coyuntural", explica Urrejola. 

"Si se acepta la idea de que la seguridad justifica todo, la consecuencia lógica es una democracia cada vez más vaciada de contenido, donde el margen para disentir, protestar e investigar el poder se hace más estrecho. Desde una perspectiva de derechos humanos, el desafío central es desmontar esa falsa elección entre vivir sin miedo al crimen o vivir sin derechos. Las sociedades de la región merecen y debiesen exigir ambas cosas".