Protesta en Panamá contra eventual reapertura de mina de capital canadiense
Activistas temen daños ambientales y denuncian que el presidente Mulino ignora la voluntad popular tras fallo que frenó el proyecto en 2023.
Unos 200 activistas se manifestaron este domingo en la capital de Panamá contra la posible reapertura de la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, de una compañía canadiense, paralizada por la justicia en 2023.
"Estamos alarmados con los recientes anuncios del señor presidente" panameño, José Raúl Mulino, dijo a la AFP la estudiante Andrea Barranco, de 20 años, en alusión a que el mandatario expresó su disposición a conversar con la empresa First Quantum Minerals sobre la eventual reanudación de operaciones del yacimiento situado en la costa del Caribe.
Los manifestantes se congregaron en un parque de la costanera que bordea la capital con banderas panameñas y pancartas en sus manos, y coreando "Mulino y minería son la misma porquería".
Se oponen a la reapartura de la mina a cielo abierto por los supuestos daños que provocaría al medioambiente.
La cantidad de asistentes contrastó, sin embargo, con las masivas protestas que semiparalizaron al país en 2023 y condujeron al cierre de la mina, cuyo contrato de concesión fue declarado entonces "inconstitucional" por la Corte Suprema panameña.
Numerosos manifestantes tenían pintado su rostro o usaban máscaras de gato para burlarse de Mulino, quien el jueves afirmó que los que se oponen a la minería en Panamá son "cinco gatos que no pagan una planilla" de trabajadores.
Hace 10 días, Mulino autorizó a Cobre Panamá, la filial local de First Quantum, a exportar 130.000 toneladas de concentrado de cobre extraído antes de que el yacimiento fuera clausurado. Un día después, la empresa dijo que suspendía un arbitraje internacional contra Panamá, en el que buscaba 20.000 millones de dólares en compensaciones.
La mina producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, empleaba a unas 37.000 personas de manera directa e indirecta, de las cuales solo 1.300 siguen laborando en su mantenimiento.
"El fallo [que paralizó la mina] fue producto de la acción de la gente en la calle", dijo a la AFP el dirigente magisterial Armando Guerra, quien advirtió que "las protestas van a continuar".
