2025 refleja alarmante alza en delitos contra adultos mayores y su patrimonio
Muchos ciudadanos de oro no denuncian los abusos por miedo, vergüenza o dependencia de sus cuidadores.
En los últimos tres años, el Ministerio Público ha recibido más de 23.000 denuncias relacionadas con delitos cometidos contra personas adultas mayores, principalmente aquellos que afectan su patrimonio, así como agresiones de tipo sexual y psicológico.
Marta Brenes, fiscal adjunta a cargo de la columna de fiscalías que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, explicó que el país enfrenta un aumento sostenido en los delitos cometidos contra este sector de la población, el cual continúa creciendo año con año.
“Tenemos una población adulta mayor cada vez más creciente, que debemos visibilizar y que, como Estado, tenemos que proteger de manera integral. En Costa Rica existe legislación que ampara a estas personas frente a abusos psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales, siendo este último el más denunciado”, indicó Brenes.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en 2023 se reportaron alrededor de 7.900 denuncias, cifra que aumentó a 8.458 en 2024, y que para agosto de 2025 ya superaba las 7.000. Entre los delitos más comunes figuran hurtos, robos y estafas, incluyendo modalidades informáticas que han crecido en los últimos años.
La fiscal también destacó la aparición de nuevos tipos penales como el delito de abandono, incorporado en 2024, tras evidenciarse un incremento significativo de casos.
Según datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), entre 2014 y 2024 los delitos contra adultos mayores aumentaron cerca de 600%, siendo el abandono en hospitales una de las formas más frecuentes.
Brenes señaló que muchos ciudadanos de oro no denuncian los abusos por miedo, vergüenza o dependencia hacia sus cuidadores, lo que los coloca en una posición de desventaja. Además, factores como el deterioro físico o cognitivo, el aislamiento social y la limitación económica agravan su vulnerabilidad.
“Esta población, por su condición, ya se encuentra en riesgo. Algunos más que otros, y ese riesgo se materializa en negligencias o en la comisión de hechos delictivos.
"Muchas veces, los cuidadores sustraen bienes o retienen propiedades, aprovechando el desconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores”, señaló Brenes.
La fiscal hizo un llamado a las familias y a la comunidad para informarse y organizarse en la prevención de este tipo de delitos, recordando que cualquier ciudadano puede denunciar actos contrarios a los derechos de las personas adultas mayores, ya que son delitos de acción pública.
Finalmente, Brenes reiteró que el Ministerio Público mantiene una política de persecución penal basada en la promoción y defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y la no discriminación hacia esta población.
También recordó que las denuncias pueden realizarse ante la Fuerza Pública, el OIJ o cualquier fiscalía del país, y que existen mecanismos de protección disponibles para las víctimas a través de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.
