¿Cómo justifica el Ministerio de Justicia el retiro de teles y microondas en cárceles?

Luego de la resolución judicial que ordenó reinstalar televisores y microondas en los pabellones del Circuito de Alta Contención y de Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) insiste en justificar la prohibición de esos dispositivos.

Ante una consulta de Teletica.com, la cartera señaló que este tipo de aparatos han sido utilizados reiteradamente por privados de libertad para ocultar objetos prohibidos, como drogas, celulares, cables y otros componentes electrónicos.

Pero la institución además apuntó que frecuentemente esos electrodomésticos son modificados para la fabricación de armas punzocortantes; aspecto que había afirmado el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El ministerio también indicó que la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos había emitido una serie de observaciones al respecto en su Informe de verificación eléctrica del Centro Penitenciario La Reforma.

"No se recomienda mantener dentro de los aposentos instalaciones eléctricas susceptibles de ser manipuladas por las personas privadas de libertad, dado que se ha evidenciado una manipulación indebida de las mismas, lo cual representa un riesgo significativo de incendios y electrocuciones para quienes hacen uso de estas instalaciones", establece el documento en un extracto compartido por Justicia a este medio.

La sentencia aludida, emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela el 29 de agosto pasado, de igual manera da un mes para que a los reclusos se les entregue una bandeja plástica para alimentos, con divisiones y tapa, un vaso plástico y una cuchara.

Sobre ese aspecto, la cartera lleva a cabo una evaluación de su viabilidad, desde las perspectivas de seguridad y oportunidad. La institución apuntó que esa iniciativa ya se había empleado en el pasado, pero, de nuevo, las bandejas eran vandalizadas, dañadas y convertidas en objetos punzocortantes.

Respecto a los vasos y cucharas, el ministerio anunció una distribución progresiva, en la que tendrán prioridad los internos que no tengan esos utensilios.

"Estas circunstancias comprometen de manera grave la seguridad y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional", enfatizó Justicia.

Otro punto que aborda la resolución tiene que ver con una instrucción para que la Jefatura Nacional de Orientación elabore un plan para retomar el trabajo como herramienta de inserción social.

Frente a esa instrucción, la cartera adujo que los privados del Circuito de Alta Contención tienen la posibilidad de realizar actividades laborales no renumeradas en aseo y ornato de los espacios comunes de convivencia. La institución defendió que esos trabajos se enmarcan en una estrategia de “ocupación productiva”.

El ministerio también criticó la recomendación que giró el Juzgado de Ejecución de la Pena a la organización no gubernamental Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares, en cuanto a la interposición de un amparo electoral, como finalmente ocurrió el 3 de setiembre pasado. Para la cartera, tal situación pudo constituir una extralimitación de sus competencias jurisdiccionales y, en esa línea, el titular del ramo, Gerald Campos, había adelantado una denuncia contra la jueza que emitió la sentencia, de apellido Carballo.

Reunión previa

Precisamente ese día, luego de que este medio revelara que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudiaba un amparo electoral en los términos que habían sido sugeridos, Gerald Campos criticó lo resuelto, en la conferencia de prensa semanal de Rodrigo Chaves.

En ese espacio, el ministro también mencionó que había solicitado una reunión con la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, a fin de, entre otras cosas, contemplar la posibilidad de que ese despacho apelara la sentencia.

Mediante su departamento de comunicaciones, el Ministerio Público confirmó a Teletica.com el encuentro virtual con el Viceministerio de Justicia, la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) y la Asesoría Jurídica.

La Fiscalía reconoció que, si bien la resolución sí fue mencionada en la reunión, en ningún momento se analizó el expediente ni la sentencia como tal.

"Durante la reunión, los funcionarios del Ministerio Público explicaron sus funciones en la tramitación y participación activa de todos los incidentes correspondientes a la fase procesal de ejecución de la pena, incluidos aquellos que correspondan a quejas de la población privada de libertad. Lo anterior, se fundamenta en los artículos 478 y 481 del Código Penal.

"La Fiscalía de Ejecución de la Pena señaló que la valoración de las resoluciones, en general, y la correspondiente determinación de la procedencia o no de la respectiva interposición de los recursos de apelación contra las mismas es parte esencial de la función del personal fiscal, por lo que se debe actuar apegado a dicha función con el debido respeto y compromiso con su labor y determinación legal", indicó el Ministerio Público.

No obstante, en la respuesta dada a este medio no se detalla si hubo o no algún recurso contra la resolución.

Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sede Alajuela, rechazó que haya recibido alguna denuncia contra Carballo, en los términos que Campos había anunciado públicamente.