A pesar de que la figura de capitales emergentes fue incorporada a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en 2009, su aplicación ha sido limitada, según sostiene el exfiscal general, Francisco Dall'Anese.
De acuerdo con los datos más recientes del Poder Judicial, entre 2019 y 2025 se presentaron 175 casos. El 2021 ha sido el año con el mayor número de expedientes, con 77 en total. En contraste, en 2024 y 2025 no se ha registrado ninguno, mientras que en 2023 solo se presentaron tres.
En cuanto a las sentencias, entre 2019 y 2023 se condenó a 55 personas, siendo 2020 el año con mayor cantidad de fallos condenatorios, con 19 en total. No obstante, el Poder Judicial aclaró a Teletica.com que las cifras correspondientes a 2024 aún están en revisión por su equipo de Estadística.
Para Dall’Anese, los datos reflejan la falta de aplicación efectiva de esta herramienta y evidencian una tendencia legislativa que, a su juicio, prioriza la creación de nuevas leyes en lugar de ejecutar las ya existentes.
"Somos muy dados, como país, a pensar que, ante un problema, la solución es hacer una nueva ley. El problema es que no estamos aplicando las que ya tenemos. Por ejemplo, capitales emergentes se aprobó hace más de 10 años y hay menos de 200 casos, una cifra que no representa la realidad del país. Hay que preguntarnos por qué no se está utilizando", señaló Dall'Anese.
Esto se da en el contexto del avance en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley “Reforma a la Ley 8.754”, que permitiría el congelamiento de bienes de origen dudoso.La figura de capitales emergentes tiene como objetivo identificar y perseguir bienes cuya procedencia podría estar vinculada a actividades ilícitas, sin necesidad de un proceso penal contra una persona específica. La ley otorga a la Contraloría General de la República, al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y al Ministerio de Hacienda la potestad de investigar incrementos patrimoniales sin justificación lícita aparente.
Sin embargo, el ICD reconoce que, hasta el momento, solo el Ministerio Público ha utilizado esta herramienta.
“Capitales emergentes es un mecanismo de persecución patrimonial. Fue en 2018 cuando el Ministerio Público decidió iniciar su aplicación. Lo cierto es que solo ellos se han aventurado en este proceso”, explicó Fernando Ramírez, director del ICD.
Según Ramírez, en el caso del ICD, la herramienta no se ha utilizado debido a las limitaciones de recurso humano.
"En el ICD no lo hemos hecho debido a la limitación de personal legal con la que contamos, lo que impide brindar la atención adecuada a estos casos", aclaró.