Justicia explora “alternativas” para pagar millonarios reclamos de policías
Por ahora, el ministerio dice que prioriza el pago de horas extra y derechos vigentes, como parte de una “política de corrección estructural” de las causas que dieron pie a los miles de litigios.
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) asegura que explora “alternativas presupuestarias y jurídicas viables” para resolver millonarios reclamos por horas extra sin pagar a oficiales de la Policía Penitenciaria.
Mediante su oficina de prensa, la cartera señaló que busca soluciones para el conflicto que miles de funcionarios han tramitado ante los juzgados de trabajo.
Entre esas opciones que sopesa la institución están eventuales conciliaciones; esto pese a que en el pasado se rechazaron varias propuestas de parte de las representaciones de servidores que emprendieron procesos legales para exigir el reconocimiento de jornadas extraordinarias laboradas, como lo dio a conocer Teletica.com el 27 de abril anterior.
Los abogados Javier Retana y Fabián Gamboa sostuvieron, en entrevistas separadas, que el ministerio cerró la puerta a acuerdos en por lo menos siete planteamientos hechos a la actual administración. Ello también consta en oficios y correos electrónicos en poder de este medio.
Pese a lo anterior, Justicia se dice abierta a encontrar una salida alterna al problema y niega haber rechazado de plano un acuerdo conciliatorio.
La cartera insiste en que atraviesa una “compleja situación presupuestaria” debido a la aplicación de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
"De ejecutarse en lo inmediato las obligaciones derivadas de las sentencias, se comprometería gravemente el cumplimiento de derechos actuales del personal y la operación penitenciaria", indicó el departamento de comunicaciones.
Por lo anterior es que inició la valoración de alternativas junto a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la cartera subrayó que tiene voluntad de avanzar en “soluciones realistas”, que no pongan en riesgo el servicio que le corresponde ni agraven su situación financiera actual.
"Cualquier eventual acuerdo debe cumplir con los principios de legalidad, disponibilidad presupuestaria y equidad para todos los funcionarios afectados", destacó la institución.
El ministerio reconoció que a la fecha desconoce cuál es la cifra que debe, pues los montos reclamados son variados y están en distintos estados procesales.
Justicia justificó que el volumen de las condenas le ha impedido cumplir con los plazos establecidos en estas sin afectar sus obligaciones operativas esenciales.
Así, la oficina de prensa puntualizó que se ha priorizado el pago de las horas extras y derechos vigentes, como parte de una “política de corrección estructural” de las causas que dieron pie a los miles de litigios.
La cartera no ha tenido un solo presupuesto específico asignado a saldar las deudas que arrastra con sus oficiales en los últimos seis años. No obstante, para el año en curso sí se iniciaron acciones para reforzar la capacidad de análisis y ejecución de sentencias, como la solicitud de creación de plazas en Recursos Humanos.
También se han llevado a cabo proyecciones institucionales para la Abogacía del Estado, al tiempo que —según el departamento de comunicaciones— se han realizado interlocuciones con la Asamblea Legislativa para evaluar ajustes al marco fiscal que actualmente impide hacer los pagos correspondientes.
