Justicia limita visita conyugal y encomiendas en nuevos módulos de máxima seguridad
También se les prohibirán las llamadas libres y se les otorgarán solo 10 minutos para conversaciones telefónicas a la semana.
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) anunció, este miércoles, la eliminación de la visita íntima y la limitación de la encomienda para los privados en el nuevo “Circuito de Alta Contención”.
Las nuevas medidas las dio a conocer el titular del ramo, Gerald Campos, durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, tan solo dos semanas después de que se dispusiera la ampliación de los módulos de máxima de seguridad para el traslado de 1.000 reos.
Así, estos reclusos solo podrán contar con una visita conyugal cada dos meses. Esta, a diferencia de la visita íntima, es aquella en la que existe un vínculo demostrado.
Estas antes se efectuaban de manera quincenal, pero ahora se permitirán únicamente cada dos meses.
Sobre el particular, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que, en la visita que él y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele hicieron al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, el 12 de noviembre de 2024, pudo percibir que había un “negocio de prostitución”, pues existían mujeres que rotaban entre los reos que iban a visitar.
Por otra parte, las visitas familiares pasarán a hacerse una vez al mes, en lugar de todas las semanas.
En cuanto a las encomiendas, se tiene que estas se limitaron a una por mes y no a diario. Las mismas podrán incluir únicamente artículos de primera necesidad.
También, el jerarca prometió un control más riguroso de lo que podrán recibir y poseer dentro del establecimiento penitenciario, mediante operativos coordinados con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Las llamadas dejarán de ser de libre acceso en teléfonos públicos y únicamente se concederán solo 10 minutos a la semana.
Reorganización
El ministro Gerald Campos, a su vez, dejó entrever la posibilidad de duplicar el número de privados que pueden ser transferidos a los nuevos módulos.
Durante la rueda de medios, el jerarca mencionó que la institución estudia ampliar la capacidad a 2.000 reclusos.
Originalmente, la máxima seguridad se componía únicamente del Centro Nacional de Atención Específica, en San Rafael de Alajuela. El mismo tiene una capacidad para 80 personas.
Pero mediante la resolución DVJ-008-04-2025, emitida el 9 de abril pasado por el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias, se dispuso la conversión de los ámbitos B (solo dos módulos), D y E de la cárcel antes conocida como La Reforma.
"Estamos separando a las personas privadas de libertad según criterios técnicos, criminológicos y de seguridad, lo que permite ubicar a quienes representan un alto riesgo en espacios específicos con mayores condiciones de contención y control, fortaleciendo la seguridad penitenciaria", enfatizó el ministro.
Advertencia
La medida anunciada ese mismo día derivó en una serie de cuestionamientos, que incluso derivaron en un hábeas corpus (figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad) que permanece bajo estudio de la Sala Constitucional.
En la gestión planteada por el abogado Rafael Rodríguez en favor de seis reos, se alega una presunta violación al debido proceso que disponen la resolución DVJ-008-04-2025 del Viceministerio de Justicia y la circular 3-2025 del Instituto Nacional de Criminología (INC).
Lo anterior, por cuanto los traslados se hicieron sin la existencia de un estudio previo de reubicación, sin la correspondiente comunicación a los reclusos y en contra de los derechos de defensa e impugnación que a estos les asiste ante medidas como las tomadas, como reza el recurso.
También se alega que, al momento de ser transferidos, a los reos no se les permitió llevar consigo sus pertenencias, pese a que estas habían sido autorizadas previamente por la Policía Penitenciaria, lo que provocó la pérdida de dichos bienes y, como tal, su valor de adquisición.
El ministro Gerald Campos defendió los cambios y lanzó una advertencia ante el recurso que estudian los magistrados.
"Si eventualmente nos hacen retroceder en las medidas que estamos implementando acá, le vamos a poner nombre y rostro a las personas que están siendo cómplices con la actividad criminal del país", señaló el jerarca.
El titular aseguró que su institución tiene equipos técnicos y legales que se han preparado para afrontar ese tipo de cuestionamientos.
La cartera mantiene que todos los cambios efectuados se apegan a la legalidad y se sustentan en criterios técnicos, operativos, así como de seguridad institucional.
