“La reforma fiscal ya se agotó” y el próximo gobierno tendrá que hacer una nueva, advierte exviceministro de Hacienda



El exviceministro de Hacienda e investigador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez, asegura que Costa Rica no puede seguir postergando una nueva reforma fiscal, porque la aprobada en 2018 “ya se agotó”.

“Quieran o no, el próximo presidente tendrá que plantear una nueva reforma. La del 2018 fue un respiro temporal, pero ese aire se acabó”, afirmó Rodríguez.

Según el economista, el país está recaudando menos y ya no tiene espacio para seguir recortando gastos, por lo que el Estado podría enfrentar dificultades para financiar proyectos e inversiones en los próximos años.

Rodríguez recordó que la reforma fiscal de 2018 se diseñó como una medida temporal para dar margen a una siguiente administración de proponer cambios más amplios. Sin embargo, la pandemia alteró esos planes y una reforma parcial terminó convirtiéndose en una solución de largo plazo.

Esa fórmula ya muestra señales de agotamiento. Entre 2018 y 2024, los ingresos crecieron, pero a partir de 2026 podrían incluso caer en relación con la producción nacional (PIB), advierte el exviceministro.

Rodríguez dice que esto se explica en los tres impuestos que más aportan al Estado: IVA, impuesto sobre la renta y combustibles, que representan cerca del 70% de toda la recaudación nacional.

Plantea que el IVA ya alcanzó su techo. Aunque su implementación en 2019 permitió aumentar la recaudación, desde entonces el crecimiento se ha estancado e incluso se han aprobado nuevas exoneraciones que reducen su alcance.

En el caso del impuesto sobre la renta, la reforma de 2018 introdujo solo cambios parciales.

 “Esa reforma se hizo pensando en un ajuste temporal, pero nunca se dio el siguiente paso”, indicó Rodríguez. Además, reconoció que la baja en el dólar también afectó la recaudación de este impuesto.

La recaudación de combustibles cayó de 1,42% a 1,24% y la de propiedad de vehículos de 0,46% a 0,34%, restando 0,27% del PIB. Esto limita el impacto de la reforma y deja al gobierno con recursos insuficientes para recuperar servicios afectados por años de ajuste fiscal.

Los ingresos tributarios pasaron de 12,68% del PIB en 2018 a 13,39% en 2024, un aumento menor al esperado con las reformas de 2018. El IVA subió de 4,13% a 4,93% y el impuesto sobre la renta de 4,72% a 4,93%, pero los ingresos totales crecieron solo 0,7% del PIB.

Mientras los ingresos se debilitan, el gasto público ya fue ajustado al límite. Entre 2018 y 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos del PIB, lo que ha significado menos recursos para educación, programas sociales, infraestructura y seguridad.

“Estamos dejando de medir el costo de lo que no gastamos. Hay problemas —como la inseguridad o la educación— que, por no atenderse ahora, costarán mucho más en el futuro”, advirtió.

A esto se suma el alto costo de la deuda pública. La tasa promedio que el Gobierno paga por su deuda subió de 6,5% en 2018 a 8,1% en 2024, y el pago de intereses pasó de 3,4% a 4,8% del PIB. “Cada punto del PIB que se va en intereses es un punto menos que se puede invertir en educación o seguridad”, recalcó Rodríguez.

El economista considera que el próximo gobierno deberá enfrentar el tema de frente y plantear una reforma que combine nuevas fuentes de ingreso con una mayor eficiencia en el gasto público.

Sentenció que la próxima administración, si quiere recuperar áreas de servicio público afectadas, deberá aumentar recursos y optimizar su asignación, aunque la regla fiscal vigente limite el gasto, incluso en educación.