Proyectos de ley pretenden una salida al drama de los habitantes de la milla fronteriza norte

Las casas ya estaban ahí. Las comunidades también. Sin embargo, en 1994, por decreto, se impuso sobre ellas la figura de “refugio de vida silvestre”. Así fue como decenas de pueblos en la milla fronteriza norte quedaron atados por una clasificación ambiental que les impide crecer, construir o tener derechos formales sobre la tierra que habitan hace décadas. 

Más de 53 centros poblados se encuentran dentro del Refugio Natural de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, lo que les impide acceder a servicios básicos como agua y electricidad, vivienda digna y desarrollo comunal. Un proyecto busca desafectar esas áreas sin comprometer el resguardo ambiental.

Lo anterior se suma a que, por estar en la milla fronteriza, tampoco tienen derecho a un título de propiedad, pues todo lo que esté dentro de los dos kilómetros antes de la frontera es del Estado.  

De acuerdo con datos aproximados del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), son aproximadamente 5 000 familias las que vivien en la milla fronteriza norte, una zona de dos kilómetros antes de la frontera con Nicaragua que se extienden a lo ancho de los cantones de La Cruz, San Carlos, Upala, Los Chiles, Pococí y Sarapiquí.  

Precisamente, un reportaje reciente del programa 7 Días pudo retratar el drama que viven estas familias. 'La milla del olvido' llegó hasta donde la inversión pública no llega, a las comunidades del cantón de Los Chiles como Isla Chica, Santa Fe, Punta Cortés, La Trocha y Cuatro Esquinas.

“La gente ha vivido ahí por generaciones. Hay personas de 80, 90 años, y esto fue hace 30 años. La figura del refugio se impuso cuando ya existía población. No fue al revés”, explicó el director de Desarrollo Rural, del Inder, Darío Guzmán, en entrevista con este medio.

Ahora el Inder junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), consideran que la salida es desafectar las zonas pobladas que están dentro de la milla fronteriza y el refugio de vida silvestre, con el objetivo de que puedan obtener una concesión de sus viviendas por hasta 25 años y además inversión de obra pública en las comunidades.

El cantón piloto para revertir esta situación es Los Chiles, donde ya se están haciendo censos poblacionales, levantamientos topográficos y estudios ambientales que permitirán definir qué áreas pueden ser desafectadas del refugio.

“Esto no es simplemente quitar un área y ya. Hay que demostrar cuál es la carga biológica, cuánto se afecta y cómo se va a compensar. No se trata de una compensación superficial, sino ambiental”, aclaró Guzmán.

Aunque el procedimiento por cantón es lento, el Inder presentó un proyecto de ley que ya está en corriente legislativa y que propone una salida más ágil: crear una norma habilitante específica para este refugio fronterizo, lo que permitiría, bajo criterios técnicos y avales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), realizar desafectaciones vía resolución administrativa.

Se trata del proyecto 24.718, “Ley para regular las comunidades establecidas en el Refugio Natural de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”.

Sin títulos, pero con concesiones

Aun si se logra eliminar la figura de refugio sobre zonas pobladas, el problema no termina ahí. La ubicación en la franja fronteriza, declarada “inalienable e imprescriptible”, impide de por sí la titulación de propiedades, excepto si existen títulos anteriores a 1888 (en la frontera norte) o 1914 (en la sur).

Por lo tanto, la vía más viable para brindar seguridad jurídica es otorgar concesiones a 25 años renovables. Estas permiten a los pobladores acceder a servicios como agua, electricidad y bonos de vivienda.

“La mayoría de las casas son ranchos. No tienen condiciones dignas. Con la concesión, las familias pueden pedir un bono de vivienda, mejorar sus casas y su entorno”, indicó el director de Desarrollo Rural.

Un refugio sin selva

Aunque se habla de un refugio, el panorama en estas zonas está lejos de la imagen de selva densa y biodiversidad exuberante. Lo que predomina son cultivos extensivos como cítricos y piña, según constató el equipo técnico del Inder tras los diagnósticos.

El mismo viceministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, reconoce que esas zonas están lejos de  tener las características de un refugio. 

Tenemos claro que esos poblados son zonas altamente intervenidas, en donde los servicios ecosistemas comparados con un refugio que no ha sido intervenido difiere mucho, indicó Rodríguez.

Para Guzmán, la decisión pudo haber sido bien intencionada en lo ambiental, pero no se tomó en cuenta que había comunidades establecidas”, puntualizó la fuente.

Actualmente, el proyecto de ley para desafectar las zonas ya diagnosticadas en Los Chiles está en elaboración, y dependiendo del avance del proceso legislativo, podría replicarse en otros cantones afectados por la misma situación.

Otro proyecto más

Existe una iniciativa más para estas familias, el proyecto 24.670  “Ley para desafectar los terrenos administrados por el Inder las franjas fronterizas con las repúblicas de Nicaragua y Panamá para dotar de títulos de  propiedad a sus ocupantes”

De acuerdo con el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, el proyecto establece en su primer artículo que los terrenos administrados por el Inder podrán ser desafectados de su uso actual. Además, en el artículo 12 establece que cumplidas las condiciones establecidas en el proyecto de ley y leyes vigentes, esos terrenos podrán ser titulados.

“Aunque haya sido catalogado como patrimonio natural del estado, la realidad es que son propiedades que están siendo ocupadas por familias y personas por hace mucho tiempo y por ende se les reconoce poder titular esos terrenos”, afirmó Feinzaig.

Por ahora todas son solo iniciativas y planes, mientras tanto, cientos de familias siguen a la espera de una solución que les permita vivir con dignidad.