¿Qué pasó en Costa Rica con el caso que se abrió al expresidente peruano Alejandro Toledo?
Una alerta disparada por el sistema antilavado motivó una investigación a nivel nacional. Por esos mismos hechos, pero en su país, al exmandatario se le condenó a 13 años y 4 meses de prisión.
El miércoles anterior, el expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue sentenciado a 13 años y 4 meses de cárcel por haber lavado dinero en Costa Rica.
Por esos mismos hechos, al exmandatario se le abrió una investigación a nivel nacional. La misma inició el 30 de mayo de 2013, cuando el sistema antilavado costarricense disparó una alerta por la transferencia de millonarios fondos y productos financieros de la sociedad Ecoteva Consulting Group S. A., a otra denominada Ecostate Consulting S.A. El total ascendía los $6,6 millones.
Ambas sociedades habían sido recién constituidas en Costa Rica, y en ellas figuraba como dueña la suegra del exgobernante, Eva Rosa Fernenbug.
En aquel momento, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos tenía a su cargo las investigaciones por legitimación de capitales. Con motivo del reporte que había recibido, ese despacho ordenó de oficio la apertura de la causa 13-000051-618-PE, contra Toledo, su esposa, su exjefe de seguridad, Avraham Dan On y el hermano de este último, Shai Dan On.
La pesquisa se les siguió por aparente legitimación de capitales, en perjuicio del orden socioeconómico de Costa Rica.
Tan solo un día después, al amparo de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público pidió un “congelamiento preventivo” de las cuentas y productos financieros de los sospechosos y las sociedades Ecoteva Consulting Group S.A., Ecostate Consulting S.A., Sirlon Dash Consulting S.A., y Milan Ecotech Consulting S.A.,
También se gestionó ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, la respectiva solicitud del levantamiento del secreto bancario y tributario, así como el congelamiento e inmovilización judicial de los dineros y productos financieros. La orden judicial se emitió el 5 de junio de 2013, y así quedaron asegurados los dineros y productos financieros de este caso.
Alrededor de tres meses después, con la creación de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, la causa se trasladó a esa oficina. Y dos años más tarde, el Ministerio Público solicitó la desestimación de la sumaria.
Los fondos, por su parte, se mantuvieron congelados, producto de una asistencia penal internacional gestionada por Perú.
Pero tras la salida del fiscal general Jorge Chavarría, y con la llegada de Emilia Navas en su lugar, la causa fue reabierta —mediante una enmienda jerárquica— contra Toledo y Fernenbug. A estos se les declaró ausentes en el proceso, en el tanto que ambos están fuera del país.
En ese mismo expediente se investigó a tres exempleados del Scotiabank, de apellidos Blanco, López y Rugama, lo que incluso ameritó un allanamiento en las instalaciones de esa entidad financiera, el 21 de febrero de 2019.
A los exfuncionarios se les investigó por un presunto delito culposo previsto en el numeral 70 de la legislación antes indicada. Dicho ilícito sanciona con hasta tres años de cárcel a los representantes de entidades financieras que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, hayan facilitado la comisión de un blanqueo de capitales.
No obstante, debido al tiempo transcurrido, los hechos se encontraban prescritos, por lo que la Fiscalía tuvo que pedir el sobreseimiento contra estos tres imputados, confirmó el despacho ante una consulta de Teletica.com.
Los $6,6 millones decomisados en 2013, por otra parte, pasaron a arcas del Estado. Esto luego de que, con base en los artículos del 20 al 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Fiscalía iniciara un proceso por capitales emergentes ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el que se logró acreditar que los dineros carecían de causa lícita aparente y, mediante sentencia 817-2023, del 28 de abril de 2023, se logró que los fondos pasaran a la Hacienda Pública.
Caído en desgracia
Alejandro Toledo fue sentenciado en Perú, el miércoles anterior, a 13 años y 4 meses de prisión tras ser encontrado responsable de haber lavado al menos $4,5 millones en Costa Rica.
Esos dineros, según se determinó en el proceso que se le siguió en ese país, correspondían a una parte de los sobornos que el expresidente recibió de la constructora Odebrecht, cuando gobernó entre 2001 y 2006. La Fiscalía de esa nación estima que las dádivas alcanzaron los $35 millones.
La agencia de noticias AFP reportó que durante el debate se acreditó que el exmandatario realizó —a través de su suegra, Eva Rosa Fernenbug— dos compras por ese monto con dinero de Ecoteva Consulting Group S.A., la empresa fachada que constituyó en Costa Rica.
Esta es la segunda condena que se dicta contra el exgobernante en su país. El 21 de octubre de 2024, a Toledo le impusieron 20 años y 6 meses de cárcel por las coimas que recibió de Odebrecht.
Sin embargo, la nueva pena no se sumará a la anterior, pues el sistema judicial de Perú no acumula sentencias, sino que hace prevalecer la más severa.
El expresidente se dijo “profundamente desilusionado” tras escuchar el fallo, al tiempo que anunció que apelará lo resuelto.
