Sala IV pide informe a Justicia por traslados a nuevos módulos de máxima seguridad
Los magistrados admitieron para su análisis un recurso planteado en favor de seis privados de libertad.
La Sala Constitucional exigió un informe al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) por los traslados de reos a los nuevos módulos de máxima seguridad.
Esto al dar curso el martes a un amparo planteado en favor de seis reos transferidos a los recién creados "Espacios de Alta Contención", dado a conocer por Teletica.com.
La instrucción se extendió al MJP, así como a su Dirección General de Adaptación Social (DGAS) y al Instituto Nacional de Criminología (INC). También se solicitó información a las direcciones de los centros de atención integral Jorge Arturo Montero, Terrazas y el Centro Nacional de Atención Específica, todos ubicados en San Rafael de Alajuela.
Previo a esta resolución, la cartera indicó que actuará conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y que colaborará con los informes que se le requieran para asegurar la legalidad de los procesos implementados y el respeto da los derechos humanos de los reclusos.
El expediente 25-010559-0007-CO —al que se le dio curso— fue interpuesto por el abogado Rafael Rodríguez como un amparo, pero los magistrados lo tramitan como un hábeas corpus (figura que protege a las personas de detenciones e incomunicaciones ilegítimas por parte de una autoridad), según se desprende del Sistema de Consulta en Línea de la Corte Suprema de Justicia.
Según el jurista, en los casos que él representa se ha dado una presunta violación al debido proceso que disponen la resolución DVJ-008-04-2025 del Viceministerio de Justicia y la circular 3-2025 del Instituto Nacional de Criminología, emitidas el 9 y 10 de abril, respectivamente.
Lo anterior, por cuanto los traslados se hicieron sin la existencia de un estudio previo de reubicación, sin la correspondiente comunicación a los reclusos y en contra de los derechos de defensa e impugnación que a estos les asiste ante medidas como las tomadas, como reza el recurso.
También se alega que, al momento de ser transferidos, a los reos no se les permitió llevar consigo sus pertenencias, pese a que estas habían sido autorizadas previamente por la Policía Penitenciaria, lo que provocó la perdida de dichos bienes y, como tal, su valor de adquisición.
El Ministerio de Justicia señaló a este medio, a través de su oficina de prensa, que los movimientos en cuestión responden a decisiones administrativas fundamentadas en criterios técnicos, operativos y de seguridad institucional.
La institución sostiene que la Dirección General de Adaptación Social ha avanzado a la implementación de los "Espacios de Alta Contención" con el objetivo de aplicar un modelo de atención diferenciada a privados "con perfiles criminológicos, conductuales o de riesgo institucional elevado", que pueden "representar un riesgo para la seguridad ciudadana".
Asimismo, la cartera defendió que todos los traslados que se han realizado se han efectuado conforme a los procedimientos establecidos, sin necesidad del uso de la fuerza.
El Ministerio de Justicia rechazó que alguna de esas reubicaciones se hiciera sin el traslado de pertenencias o que se impidiera la comunicación con familiares.
La institución acotó que cuando los reos se han mostrado preocupados por su nueva ubicación, sus manifestaciones han sido consideradas, de manera que han adoptado las medidas necesarias para preservar la integridad física de los reclusos.
En su respuesta a este medio, la cartera argumentó que el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una persistente sobrepoblación carcelaria que ha derivado en una serie de órdenes emitidas por los juzgados de Ejecución de la Pena que han limitado las operaciones de varias prisiones.
Tal situación ha motivado un "reordenamiento institucional estratégico", que busca ubicar a los privados en espacios determinados, según su perfil técnico y necesidad de contención.
