Tras orden judicial, INS reinstala a funcionaria que despidió por "ajustes internos"
La servidora, abogada de profesión, interpuso una demanda contra la institución en la que alegó que fue cesada sin que se cumpliera con el debido proceso.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) reinstaló a una funcionaria que despidió el 10 de abril pasado, como parte de "ajustes internos" que incluyó el cese de 100 trabajadores.
Lo anterior debido a una medida cautelar provisionalísima emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el marco de una demanda planteada por una servidora de apellido Araya, de la que Teletica.com tiene copia.
Mediante su oficina de prensa, el órgano jurisdiccional que la gestión de la funcionaria se mantiene en trámite, mientras la aseguradora estatal indicó a este medio que acató la resolución, pero que planteó una oposición formal que todavía no se evacúa.
El proceso iniciado por Araya apunta que la entidad, por mandato de su ley constitutiva, la Gerencia General debe llevar a la Junta Directiva las decisiones relacionadas con "las modificaciones de la estructura organizativa interna" (artículo 6, e.3).
De hecho, en un comunicado al que Teletica.com tuvo acceso el propio día de los despidos, estos respondieron a "ajustes internos"; lo cual, según la demanda, encaja en el supuesto antes indicado.
A ello se agrega que El gerente general del Instituto de Seguros, Luis Fernando Monge, defendió en el oficio G-01701-2025, dirigido a la diputada Rocío Alfaro, que el ese tipo de "ajustes internos son normales" en organizaciones y que, en el caso concreto de esa entidad, "tienen como fin adaptar nuestra estructura organizacional y nuestros procesos internos para ser más ágiles y competitivos, tomando en consideración el uso de las nuevas tecnologías".
Tales cambios —puntualiza la misiva— se fundamentan en los numerales 85 del Código de Trabajo y el 160 de la convención colectiva de esa institución. De hecho, esa normativa también se incluyó en la carta de despido entregada a Araya.
No obstante, según tesis de la demanda, el acuerdo laboral suscrito con la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) no estaba vigente, e incluso, había fenecido, en el tanto que este fue prevenida luego de que en 2019 se le enviara para homologación al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS).
Se aporta en la gestión la constancia CUG-MTSS-DMT-DVAL-DAL-DRT-87-2025, expedida por el Departamento de Relaciones de Trabajo de la cartera, en la que se establece que desde el 28 de febrero de 2019 se comunicó que no era posible continuar con la homologación debido a que no se había brindado respuesta a las observaciones y prevenciones hechas el 5 de enero de ese año. También se puntualiza que no constan trámites posteriores a ello.
Así, la demanda argumenta que el cese se hizo con fundamento en una norma inexistente y, por ende, el despido es nulo.
El tercer alegato sobre el que versa la gestión apunta que los ceses respondieron a la implementación de "nuevas tecnologías", aunque la propia Aseguradora Estatal niega haber implementado políticas institucionales en ese sentido, según la demanda.
Oposición formal
El Instituto de Seguro señaló a este medio que había sido notificado de las resoluciones del 28 de mayo y el 11 de junio de 2025 en cuanto a la suspensión provisionalísima de los efectos del despido de la funcionaria de apellido Araya y su consecuente reinstalación.
Sin embargo, la entidad autónoma subrayó que la decisión fue adoptada sin que se contara con el debido descargo.
La oposición de la Aseguradora Estatal se formalizó el 2 de junio anterior, al insistir que no existe la necesidad de contar con los servicios profesionales de Araya.
Sumado a lo anterior, la institución puntualizó que, desde su punto de vista, no se cumplían los presupuestos legales para una reinstalación temporal como la dictada.
La gestión del Instituto de Seguros, sin embargo, no ha sido resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo.
De igual forma, la entidad adelantó que ejercerá los mecanismos legales a su alcance para "defender la validez de la desvinculación", así como sus intereses, al ahorrar los costos de salarios y pluses injustificados en su dinámica actual.
