Alcalde de San José tras sanción: “Me pueden no pagar, pero voy a seguir yendo”

El alcalde de San José, Diego Miranda, sostiene que la sanción de 15 días sin goce de salario que le fue impuesta es “ficticia y espuria”, en el tanto que —desde su punto de vista— el Concejo Municipal no tiene competencia para castigarlo.

Así lo hizo ver luego de que, en una votación de nueve contra 11, la noche del martes, los regidores dispusieran suspenderlo con motivo de una “gestión indebida”, derivada de su negativa a ejecutar una compra de 16 carros por ¢432 millones.

En entrevista con Teletica.com, el gobernante local defendió esa decisión y la calificó de “buena utilización de los recursos públicos”, ya que insiste en que lo que hizo fue priorizar otras necesidades que tiene la institución y no financiar una adjudicación que tildó de “ilegal” del Consejo Municipal anterior.

Asimismo, el jerarca insiste en que la licitación no tenía financiamiento y, por ende, la misma no procedía. A ello aunó que, a su llegada al ayuntamiento, estableció una serie de prioridades que no contemplaban la compra en cuestión, pues tampoco tenía una “justificación técnica” que la respaldara.

Ediles que votaron a favor de la sanción, como Brandon Guadamuz (del Partido Frente Amplio - PFA), argumentan que la decisión de declarar desierta la adjudicación expone al municipio a demandas que, eventualmente, tendrán que ser pagadas con fondos públicos.

Cuestionado sobre esa posibilidad, Miranda respondió:

"Desde mi punto de vista, no. De hecho, al no adjudicarse la licitación, la empresa no tiene ningún derecho adquirido sobre ese concurso. El concurso, siempre una administración puede terminar definiéndolo de una forma u otra y eso no genera ningún derecho sobre ninguna empresa. Creo que la misma empresa sabe que gastarían, como decimos nosotros, pólvora en zopilotes, porque realmente no tendría ningún efecto lo que pudiesen hacer.

"Pero en todo caso, siempre está cualquier institución privada o pública está en su derecho de presentar los recursos o las acciones que quiera. Y nosotros en este caso, pues tomaremos las medidas correspondientes y tenemos que ir a defender nuestra posición".

Sin competencia

Pero más allá de ello, Diego Miranda insiste en que su sanción proviene de un órgano que no podía emitirla y, además, no hay como ejecutarla.

De ahí que le tiene sin cuidado lo resuelto y, consecuentemente, por ello se presentó a trabajar con normalidad este miércoles.

"Me pueden no pagar, pero voy a seguir yendo a la municipalidad a trabajar para la gente", aseguró el alcalde en su cuenta personal de X y lo ratificó en su conversación con este medio.

El gobernante local insiste en que, legalmente, ni las alcaldías tienen jerarquía sobre los concejos municipales, ni viceversa.

También recordó que ni el Departamento Legal ni el de Recursos Humanos pueden recibir órdenes de los regidores, pues son instancias administrativas y, consecuentemente, responden a él como autoridad.

"Es ficticia y es espuria porque realmente en materia legal, las municipalidades lo que tienen es un órgano bifronte, es decir, tiene una jerarquía de do cabezas que no tienen entre sí, jerarquía una entre otra. Ni el Consejo manda al alcalde, ni el alcalde manda al Consejo, sino que tienen una relación permanente donde el Consejo Toma decisiones sobre ciertas cosas y la administración sobre otras.

"¿Qué es lo que sucede cuando hay una disputa a lo interno de una municipalidad? Como ninguna tiene jerarquía, dependiendo de la materia, tienen que resolver otros órganos o instituciones por fuera, por eso el Contencioso Administrativo siempre se dice que es el órgano jerárquico impropio de las municipalidades y de los gobiernos locales en general, porque es ahí donde se resuelven las disputas que hay dentro de los gobiernos locales. En este caso, más bien, o creo que cometen un gravísimo error los regidores", expuso el jerarca.

Miranda señaló que ahora valora formular un veto contra el acuerdo del Concejo Municipal o un recurso de apelación en subsidio ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Pero, aunque afirma que le es “intrascendente” el castigo de los ediles, desea sentar un precedente y es por ello que estudia sus opciones legales.

De igual forma, apuntó que evalúa si presentará alguna denuncia por un abuso de autoridad o prevaricato de parte de los regidores, o un conflicto de intereses de la Auditoría Interna, que iba a recibir uno de los carros.