Arreglo en pista del Daniel Oduber dejó sin atender afectación por tormentas, revela fiscal
La Contraloría constató que, con el desvío de fondos, “se provocó una lesión a la Hacienda Pública y al interés público”, según se desprende de la orden de allanamiento del caso “Pista Oscura”.
El Gobierno de la República empleó recursos del Fondo Nacional de Emergencias en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, y dejó descubiertas otras obras en comunidades afectadas por las tormentas Julia y Bonnie.
Tal situación fue señalada este martes por el fiscal general Carlo Díaz en una entrevista con Telenoticias, durante las diligencias en el caso policialmente conocido como “Pista Oscura”, en el que se persiguen supuestas anomalías en una contratación hecha a la Constructora MECO por $40 millones para los arreglos de la zona de aterrizaje: hechos de presunta corrupción por los que incluso se investiga al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La tesis del Ministerio Público es que la inclusión de Liberia —vía el decreto 44.072— como parte de los cantones afectados que se enlistaron en el decreto de emergencia 43.626-MP se dio de manera irregular, con el objetivo de que se accedieran a recursos y procedimientos licitatorios del régimen de excepción.
De esta manera, por ejemplo, se evitó el refrendo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), previsto para una adjudicación ordinaria, entre otros aspectos.
"Esto hace que se utilicen los fondos de la tormenta Julia y Bonnie, así como un fondo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para poder sufragar los daños de la pista. Esto hace que se desatiendan las verdaderas emergencias ocurridas con Julia y Bonnie, y que se tenga que hacer un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para poder cubrir estos faltantes que se hicieron falsamente", mencionó el jefe del Ministerio Público.
Sin embargo, Díaz mantiene que no existe relación alguna entre los efectos de Bonnie y el deterioro de la terminal aérea, como lo sostiene decreto de ampliación suscrito por Chaves y la otrora ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el 21 de junio de 2023 (casi un año después de la emergencia).
El fiscal incluso explicó que esa situación fue descartada en un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).
Sobre lo dicho por la cabeza del Ministerio Público, la orden de allanamiento emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública —de la que Telenoticias tiene copia— menciona la existencia de un reporte emitido el 4 de setiembre de 2024 por el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.
"(El documento) establece que ante la ausencia de nexo causal entre la tormenta tropical Bonnie y el deterioro de la pista de aterrizaje, sí se materializa un perjuicio para el interés público y el erario público, porque se provocó una lesión la Hacienda Pública y al interés público, debido a la utilización de ¢11.987,1 millones que el Ministerio de la Presidencia trasladó al Fondo Nacional de Emergencias para la atención de la emergencia provocada por el huracán Julia (decreto ejecutivo 43.754-MP). Siendo que dicha suma de dinero se utilizó para financiar un proyecto que carece de nexo causal con una emergencia, lo que implicó que parte de los recursos financieros necesarios para reconstruir los daños provocados por el huracán Julia ya no estuviesen disponibles y se tuviera que acudir a un financiamiento externo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones, de los cuales se financiaría 114 proyectos derivados de la tormenta Julia que quedaron desprovistos de recursos suficientes a raíz de este traslado de fondos", reza la resolución.
Sobre el particular, este medio procuró una copia del documento del ente contralor, sin embargo, la División de Fiscalización indicó que, debido a que la nota técnica DFOE-SOS-NT-00001-2024 fue enviada al Ministerio Público, no es posible dar acceso a la misma.
Taletica.com mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Entretanto, el abogado del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, defendió la licitación y rechazó las declaraciones de Díaz.
"Los fondos del Instituto Costarricense de Turismo son absoluta y correctamente utilizados porque el aeropuerto Daniel Oduber es un generador de turismo, no solo hacia Guanacaste, sino a todo el país. Y no ha demostrado el señor fiscal ni nadie que se haya dejado desatendida ninguna emergencia en esa época", señaló el jurista en un video divulgado este miércoles en la conferencia de prensa semanal del mandatario.
Por este escándalo figuran como sospechosos de tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública el propio presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, Alejandro Picado, así como de un fiscalizador de ese órgano, de apellido Villalobos. Ambos se mantienen detenidos a la espera de la respectiva audiencia de medidas cautelares.
En la misma condición permanecen el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.
La lista de imputados la complementan el exministro Luis Amador; el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo; otros funcionarios de apellidos Marín y Rodríguez; representantes de MECO de apellidos González y Sánchez; así como particulares de apellidos Murillo, Castellón y Baltodano.
Paralelamente, se investiga a Chaves y a Díaz por el decreto que firmaron para ampliar los territorios afectados por los fenómenos naturales antes mencionados.
