Carlo Díaz dirá, este viernes, las razones por las que cree que Chaves debe ser enjuiciado

El fiscal general, Carlo Díaz, les dirá este viernes a los diputados las razones que tiene el Ministerio Público para acusar al presidente Rodrigo Chaves del presunto delito de concusión.

Será él, la cabeza de la Fiscalía, quien inicie con el mediático debate en el Congreso sobre el levantamiento de la inmunidad del mandatario, algo que la Corte Suprema les solicitó formalmente a los diputados el pasado 28 de julio.

La sesión arrancará pasadas las 8 a. m. y puede extenderse hasta las 12 mediodía.

En principio la audiencia será pública, excepto si los integrantes del órgano deciden, y votan, lo contrario.

Precisamente fue la Fiscalía quien acusó a Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, de concusión, entendido como el delito que ocurre cuando un funcionario público se vale de su cargo para forzar o inducir a una persona a otorgar indebidamente un beneficio económico, ya sea a favor propio o de un tercero.

Específicamente, la pieza del Ministerio Público establece que, en 2022, la actual administración promovió un contrato para una estrategia de comunicación y monitoreo en Casa Presidencial, financiado con $300 mil del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este le fue adjudicado a la agencia RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli.

La acusación señala que el contrato firmado —en apariencia— se hizo a dedo, pues fue el propio productor quien diseñó los pormenores y requisitos del cartel que él finalmente ganó.

Además, la pieza acusatoria indica que Rodrigo Chaves procuró que parte del contrato ($32.000) fuera otorgado a su exasesor de imagen y amigo, Federico Cruz "Choreco".

En virtud de lo anterior, el Ministerio Público sostiene que el presidente obligó e indujo a Bulgarelli a dar un beneficio patrimonial a Cruz, quien supuestamente lo utilizó para la compra de una casa en La Unión.

Para aquel momento, Jorge Rodríguez fungía como jefe de despacho del mandatario y, en virtud de ello, formaba parte del comité de comunicación del gobernante.

Posteriormente, la Corte determinó, por mayoría, que existen elementos suficientes para seguir adelante con el proceso contra el Presidente, que requiere entonces el levantamiento del fuero que lo protege como máximo representante de los supremos poderes.

Para ello, la Asamblea Legislativa debe aprobar el desafuero del mandatario y su ministro con una mayoría calificada. Este será un requisito indispensable para que la causa siga su curso.

La concusión se castiga con entre 2 y 8 años de cárcel.