Cierran portillos para perseguir delitos sexuales contra menores y personas con discapacidad

El Plenario Legislativo aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, una serie de reformas para llenar vacíos que actualmente tienen los códigos Penal y Civil en la persecución de delitos de carácter sexual contra menores de edad y personas con discapacidad.

Se trata del expediente 23.928, impulsado por el frenteamplista Antonio Ortega, y que busca cerrar portillos que en temas como prescripción y desestimación de estos delitos.

Entre otras, la iniciativa extiende la responsabilidad solidaria con las víctimas a las organizaciones, asociaciones, personas u autoridades que encubran o faciliten la comisión de un delito sexual contra esas poblaciones vulnerables.

También se eliminan los plazos de prescripción “cuando se trate de responsabilidad civil derivada del encubrimiento de delitos sexuales cometidos en perjuicio de personas menores de edad y mayores de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva”.

Además, se hace explícita la obligación de denunciar que tienen quienes desempeñen cargos de autoridad y representación en organizaciones que prestan servicios comunitarios, sociales, religiosos o deportivos, que hubieran identificado indicios de delitos sexuales en perjuicio de persona menor de edad o mayor con discapacidad.

​También queda claro, a partir de la reforma, que la solicitud de desestimación de estos casos deberá acompañarse de una certificación del cumplimiento de los protocolos de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), según corresponda.

El proyecto pasa ahora a manos del Poder Ejecutivo para la firma presidencial.