Congreso deja al borde del archivo reforma para perseguir capitales emergentes

El proyecto de ley que pretende perseguir el enriquecimiento ilícito, conocido popularmente como capitales emergentes, está al borde de ser archivado.

Esto luego de que el Congreso no consiguiera, este miércoles, los 38 votos necesarios para aprobarlo en segundo debate.

Se trata del expediente 22.834, que adiciona una serie de artículos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para agilizar la forma en que las autoridades pueden incautar, y utilizar, los bienes decomisados al crimen organizado.

La propuesta, presentada por el pasado Gobierno, permitirá al Ministerio Público congelar los bienes de una persona cuando se detecte un incremento patrimonial sin causa lícita aparente.

Ese incremento, según el texto votado en primer debate en marzo pasado, no tendrá un mínimo establecido, por lo que la intervención será discrecional para las autoridades.

Precisamente ese fue uno de los puntos que más adversaron bancadas como el PUSC y el PLP, que pusieron sus votos en contra de la iniciativa y consiguieron que se rechazara hoy.

“El proyecto permite que antes de que exista una denuncia formal se congelen cuentas, se inmovilicen bienes e incluso se emitan anotaciones registrales únicamente con el grado de probabilidad. Esto rompe con el principio de presunción de inocencia, ya que en la práctica invierte la carga de la prueba, obligando al ciudadano a demostrar la licitud de su patrimonio.

“El hecho de que el recurso contra la medida cautelar no tenga efecto suspensivo, significa que, aun existiendo una defensa legítima, la afectación patrimonial y reputacional será inmediatamente irreversible. Aprobar esta reforma, sin ajustes, sería abrir la puerta a la arbitrariedad, a la persecución política y la criminalización de personas inocentes. No se combate la corrupción debilitando las garantías que protegen a todos, culpables o inocentes”, criticó el socialcristiano Alejandro Pacheco.

Luego de ese rechazo, el propio Pacheco presentó una moción de revisión que fue aprobada y que busca, según dijo él mismo, devolver el proyecto a comisión y así rescatarlo.

“Sería una lástima que todo este trabajo se deseche así y haya que empezar de cero. Creo que lo ideal sería devolverlo a comisión, corregirlo y someterlo de nuevo a votación”, aseveró.

Ese proceso, en teoría, se analizará el próximo miércoles, pues la sesión debió levantarse, por reglamento, a las 5 p. m.

La propuesta fue votada por primera vez el pasado 27 de agosto, eso quiere decir que está a las puertas de cumplir un año solo en su trámite de votación final, pues luego de esa aprobación debió superar una consulta de constitucionalidad y un nuevo primer debate.

“Este proyecto de ley es nefasto, deja desprotegido al ciudadano ante los abusos de las autoridades. Agrava de forma arbitraria las medidas que la ley ya establece sobre la propiedad de todos los ciudadanos, pues ahora los ciudadanos tendrán que probar su inocencia frente al Estado.

“Este es otro proyecto de ley con título rimbombante para engañar a los diputados y la ciudadanía, dice que es para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa, no es cierto, es para debilitar y brincarse a la jurisdicción de lo penal, que es la única donde se puede determinar si una persona ha cometido un delito y en la cual los jueces ya tienen la autoridad para declarar la apropiación o inmovilización de los bienes en favor del Estado, eso ya existe”, criticó hoy Eli Feinzaig.

Del otro lado, Liberación Nacional y el Frente Amplio insistieron en la valía de la reforma y en cómo su intención es golpear directamente al narcotráfico y el crimen organizado, no a los ciudadanos de bien.

“Las personas que andan haciendo las cosas correctamente, en forma honesta, no deberían preocuparse por este proyecto, porque no será una acción arbitraria, se tiene que solicitar a un juzgado la medida cautelar especialísima, justificarla y además que será preventiva y temporal”, defendió el liberacionista José Joaquín Hernández.

Priscilla Vindas, del Frente Amplio, insistió en que esta reforma atacaría directamente al crimen organizado y el narcotráfico y los golpearía donde “más les duele”, que es en su financiamiento. Además, calificó como una “jugarreta” la intención de devolverlo a comisión.