Congreso vuelve a aprobar cuestionado proyecto contra “capitales emergentes”

El Plenario Legislativo volvió a aprobar este lunes, en primer debate, el cuestionado proyecto de ley para perseguir el enriquecimiento ilícito, conocido popularmente como “capitales emergentes”.

Se trata del expediente 22.834, que adiciona una serie de artículos a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para agilizar la forma en que las autoridades pueden incautar, y utilizar, los bienes decomisados al crimen organizado.

La propuesta, presentada por el pasado Gobierno, permitirá al Ministerio Público congelar los bienes de una persona cuando se detecte un incremento patrimonial sin causa lícita aparente.

Ese incremento, según el texto finalmente aprobado, no tendrá un mínimo establecido, por lo que la intervención será discrecional para las autoridades.

Esa fue una de las grandes quejas de los opositores del proyecto, que insistieron en que, sin ese monto y con la posibilidad de perseguir cualquier incremento de capital sin justificación, se pone en riesgo a ciudadanos de bien que trabajan en la informalidad.

“Aquí es congelémosle los bienes y démosle 30 días para que demuestre el origen lícito de esos bienes, en un país donde el 40% de la gente trabaja en la informalidad. ¿Cómo hacen esas personas para demostrar el origen lícito de sus bienes? La gente trabaja en la informalidad porque necesita subsistir, porque muchas veces tiene que escoger entre le pago a la CCSS o pongo arroz y frijoles en los platos de mis chiquitos.

“Yo estoy de acuerdo con que necesitamos darle herramientas al Poder Judicial, a los cuerpos de seguridad para poder combatir mejor el narcotráfico. Estoy de acuerdo que quitarles el dinero y los activos con los que delinquen es muy importante, pero no se puede hacer eso arriesgando la seguridad jurídica de los ciudadanos de bien y ese es el punto que estamos tratando de defender, hay soluciones intermedias que lo permiten”, criticó el liberal Eli Feinzaig, la principal cara de la oposición a la propuesta.

Algunos cambios

El proyecto ya había ido a consulta constitucional y pasó el examen de los magistrados, con la excepción de la posibilidad original de notificar a los señalados por cualquier método que pudiera tener registrado el Poder Judicial, algo que finalmente se eliminó del texto.

También se eliminó la posibilidad de que el ICD, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría pudieran solicitar medidas cautelares y que se trasladaran, de inmediato, los bienes decomisados.

Otro punto clave es que quedó claro que, en el caso de que se pidan medidas cautelares, se podrá tener un espacio de tres días para apelar y tener audiencia entre las partes involucradas antes de la resolución final. Esa solicitud no suspenderá el proceso ni la medida cautelar dictada.

El PLP intentó en dos oportunidades que el proyecto fuera devuelto a comisión para modificar algunos de esos puntos, sin embargo, se impuso la tesis de la mayoría, aunque otras fracciones como Nueva República y el oficialismo lo apoyaron.

“Hay sectores que están preocupados por este proyecto de ley y que son gente buena. Nosotros estamos claros en la necesidad de perseguir el lavado de dinero, el crimen organizado y tenemos mucha claridad de que como Asamblea Legislativa tenemos que buscar legislación correcta en ese sentido; sin embargo, hay varios temas que nos preocupan con este proyecto de ley.

“Por mencionar algunos: se invierte la carga de la prueba, hace a las personas culpables hasta que se demuestre lo contrario, cuando todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y los plazos son cortísimos para hacer una defensa adecuada. El otro tema es el del umbral, una mayoría dijo que no haya y lo que hace es que cualquier persona puede ser objeto de las medidas que se pretenden”, aseveró Fabricio Alvarado.

Con el proyecto votado en primer debate, el Plenario fijó el próximo 8 de abril para su discusión final.

Esta es una de las propuestas por las que los supremos poderes han presionado luego de las reuniones de Seguridad.