Diputados retoman discusión de Ciudad Gobierno con rechazo a audiencia para contralora
“Traerla acá es llover sobre mojado”, dijo la presidenta de la Comisión de Jurídicos, Marta Esquivel.
La Comisión de Asuntos Jurídicos retomó este martes la discusión sobre el expediente 24.099, que impulsa las reformas necesarias para llevar adelante el cuestionado proyecto de Ciudad Gobierno.
El órgano se abocó a la discusión de las mociones que hasta ahora tiene presentadas el texto; sin embargo, antes de iniciar ese proceso, la oposición intentó, sin éxito, llamar en audiencia a la contralora general, Marta Acosta.
La tesis de los legisladores es que el ente fiscalizador debería verter criterio sobre un expediente que ya se modificó y que además trabaja bajo un informe de minoría, pues el actual Congreso desistió de apoyar el dictamen de mayoría que recomendaba el archivo de la iniciativa.
“Queremos recibirla en audiencia para referirse al dictamen afirmativo de minoría porque el criterio que la Contraloría vertió fue sobre el texto original y no el que está en discusión. Lo que queremos es darle viabilidad al proyecto”, dijo el liberacionista Eder Hernández, proponente de esa moción.
Empero, el oficialismo rechazó esa posibilidad.
“A nivel país, este ha sido un proyecto que no ha sido del gusto de la contralora y esto lo sabemos absolutamente todos. Traerla acá es llover sobre mojado. Yo sí creo que una vez que terminemos de revisar las mociones podemos valorar una consulta escrita”, defendió la presidenta del órgano, Marta Esquivel.
Esa respuesta no gustó a la oposición.
“Esto no es una cuestión de gustos. El Frente Amplio está convencido de que hay que tener una Ciudad Gobierno; se trata de sacar una iniciativa que realmente sea viable y cumpla con los requisitos y condiciones.
“Traer a la contralora no es una cuestión de gustos o preferencias, es una cuestión de necesidad para valorar una propuesta que sea viable y quedemos todos contentos con esto”, insistió la frenteamplista María Eugenia Román al defender una moción de revisión que finalmente tampoco se aprobó.
El proyecto busca construir un megacomplejo de oficinas en el centro de San José que albergaría a 18 instituciones y ministerios, así como a poco más de 10 mil funcionarios públicos.
El problema con esa idea es que el Gobierno de Rodrigo Chaves intentó que se hiciera bajo un procedimiento abreviado de contratación directa, es decir, sin licitación, lo que la Contraloría advirtió que era ilegal.
Las bancadas de oposición han insistido en que apoyarán la propuesta siempre y cuando se respeten los procedimientos legales.
La discusión se suspendió hoy con 32 mociones por conocer y votar.
