Expertas desnudan proyecto del PLP para perseguir narcoactividad: “No aporta nada”

La magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas, y la jueza penal, Rosaura Chinchilla, llenaron este jueves de críticas el expediente 23.714, que define reglas especiales para el enjuiciamiento de causas declaradas como narcoactividad.

La propuesta, presentada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), propone un tratamiento excepcional para delitos que se vinculen al narcotráfico o sus “manifestaciones criminógenas”, alterando sus plazos para, en la mayoría de los casos, endurecerlos.

El problema, según dijeron las expertas a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es que toda la propuesta “vacía de contenido” lo que ya hace la recién creada Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, por lo que crearía una duplicidad de funciones que terminaría afectando la aplicación de la justicia, y con esto, a la ciudadanía.

“Este proyecto, con la mejor de las intenciones, vaciaría de contenido la jurisdicción de la delincuencia organizada, impidiendo que esa jurisdicción haga lo que fue llamada a hacer desde esta Asamblea Legislativa.

“La propuesta tiene problemas serios de legalidad y seguridad jurídica, al no definir, por ejemplo, que es una manifestación criminógena”, cuestionó Vargas.

Chinchilla fue más allá, y aseguró que el proyecto, desde su premisa, no aporta nada al problema de inseguridad que enfrenta el país.

“Esta ley no le aporta nada al tema de la inseguridad que estamos viviendo, con todo respeto, no va a cambiar absolutamente nada para mejorar lo que estamos viviendo.

“Se trata de una duplicidad de funciones de lo que ya tenemos, con muy buenas intenciones, pero que a la hora del análisis técnico no incide en absolutamente nada más que generar caos en las reglas previstas para luchar contra la criminalidad”, aseguró.

Ambas pusieron como ejemplo que un delito de agresión con arma, que se castiga con una pena de seis meses de prisión, podría acarrear una prisión preventiva superior a ese plazo, según la propuesta del PLP, lo que afectaría su proporcionalidad.

“Eso llevaría a aplicar normativa excepcionalmente grave a un delito con una pena máxima de seis meses de prisión… Estamos hablando de un problema de precisión grave.

“Entonces, con el ánimo de generar un insumo mayor en la persecución de delitos, más bien se está generando un instrumento que, a la postre, puede causar más daño que beneficio”, añadió Vargas.

Mientras tanto, Chinchilla subrayó que el proyecto provocaría roces importantes de legalidad con otras leyes especiales como la de enriquecimiento ilícito o de penalización de la violencia contra las mujeres, que tienen sus propios plazos y penas, y que entrarían en conflicto con esta nueva, si por ejemplo se logra determinar un vínculo con el narcotráfico.

Gilberto Campos, representante del PLP en el órgano y principal firmante del proyecto, defendió que las críticas hechas a la propuesta se basan en una visión "garantista" de los derechos de los acusados, en lugar del de las víctimas.

“Si bien es cierto el proyecto establece temas de plazos, estos dependen de qué tanto sea pronta y cumplida la aplicación de la justicia.

“La posición que se ha manifestado en esta audiencia está orientada en función de garantizarle los derechos a los acusados, yo prefiero garantizarle el derecho a las víctimas, ese es el enfoque que estamos tratando de cambiar y por eso es que el proyecto va en contra de la normativa vigente”, finalizó.

El proyecto deberá ser votado en comisión para luego pasar a discusión en el Plenario Legislativo.