Fiscal General explica por qué no esperó a que Chaves dejara de ser Presidente para acusarlo
Aunque el proceso penal que se sigue contra el mandatario hubiera sido más sencillo por la vía ordinaria, Carlo Díaz detalló por qué no se hizo así.
El fuero de inmunidad que protege al presidente Rodrigo Chaves y al ministro Jorge Rodríguez Vives obliga a que sea la Asamblea Legislativa la que analice, y decida, si retira esa protección para que ambos enfrenten la acusación penal que pesa en su contra por el presunto delito de concusión.
Eso significa que si la Fiscalía General hubiera esperado al 8 de mayo próximo, cuando ambos salen del poder, se podría haber ahorrado esta etapa y tramitarla por la vía ordinaria.
¿Por qué no lo hizo?
“Así como se somete a cualquier persona a un proceso penal, en este caso se tiene que someter, sobre todo cuando existe ya una investigación finalizada, al máximo ciudadano de este país.
“Si usted me dice que hay un apuro para que este debate se realice, no lo hay; pero, de acuerdo con el principio de igualdad, igual tiene que someterse a cualquier ciudadanía a la justicia y lo que estamos haciendo es cumplir con un procedimiento para ciudadanos que se les aplica reglas especiales, pero no existe ninguna premura, solo estamos cumpliendo con el deber de la ley”, explicó el fiscal general, Carlo Díaz.
Díaz fue el primero de los tres comparecientes en rendir declaración ante la comisión especial que analiza el levantamiento de la inmunidad de Chaves y Rodríguez.
El fiscal defendió la acusación que el Ministerio Público formuló y aseguró que existe prueba suficiente para seguir adelante con el proceso, pero se negó a entrar en el fondo de la acusación, pues indicó que tiene una prohibición legal para hacerlo, ya que el momento procesal correcto es en la etapa de juicio.
La comisión volverá a sesionar el próximo 22 de agosto, cuando reciba en audiencia a Rodrigo Chaves a partir de las 8 a. m., mientras que Jorge Rodríguez rendirá declaración ese mismo día en horas de la tarde.
A ambos se les acusa del presunto delito de concusión, esto en medio del millonario contrato que Casa Presidencial impulsó para una estrategia de comunicación con la productora RMC, contrato que fue financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Repase aquí la comisión:
