Fiscalía aporta ocho testigos para fundamentar acusación contra Rodrigo Chaves
Tres de los declarantes se refirieron a la negociación que entabló el exasesor presidencial, Federico Cruz, para la adquisición de una casa en La Unión.
El Ministerio Público aportó ocho testigos y una lista de documentos para sustentar la acusación que presentó este lunes contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, por presunta concusión en un millonario contrato.
Así se desprende de la pieza entregada por el fiscal general, Carlo Díaz, a la Secretaría General de Corte Plena, de la cual Teletica.com tiene copia.
La gestión solicita se proceda con el desfuero (levantamiento de la inmunidad) y el consecuente juzgamiento ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El caso se relaciona con un presunto esquema delictivo, orientado a obligar e inducir al productor Christian Bulgarelli a pagar $32.000 al exasesor de imagen y amigo del mandatario, Federico Cruz, conocido como “Choreco”.
Según la acusación, ese dinero iba a servir en un contrato de alquiler con opción de compraventa correspondiente a una vivienda en el condominio Barlovento, en La Unión.
Inicialmente, ese pacto iba a ser suscrito por Bulgarelli, en un intento de eliminar cualquier rastro del “beneficio indebido” que, supuestamente, plantearon Chaves y Rodríguez en favor de Cruz. Pero el productor se negó a hacerlo y, en su lugar, únicamente hizo la transferencia por el monto antes dicho a la dueña del inmueble, de apellido Fernández, el 24 de febrero de 2023.
El pago se efectuó desde la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A., la cual resultó beneficiada —de acuerdo con la hipótesis fiscal— de una “contratación dirigida y a la medida” por $300.000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE).
¿Qué dice cada quién?
La Fiscalía sostiene que quien llevó a cabo la negociación por la casa fue el propio Federico Cruz y no Christian Bulgarelli.
Para acreditar esa situación, la acusación aporta los testimonios del productor, de la dueña de la vivienda, de apellido Fernández, y del esposo de esta, de apellido Malekmohammadi. También se ofrece a una abogada y notaria de apellido Guerrero, a quien le correspondió celebrar el contrato de alquiler con opción de compraventa.
Los demás testimonios aportados son el de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien grabó y entregó al Ministerio Público audios en los que se escucha a Chaves y Rodríguez hablar sobre el aparente favorecimiento a Cruz.
De igual manera, se incluye a Alberto Franco para que se refiera a la aprobación de una cooperación de fondos no reembolsables por parte del Banco Centroamericano de Integración Económico, el cual dirigió.
La lista la completan dos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Castro y Corrales.
Se piden incorporar más de dos decenas de documentos. Entre estos destacan la denuncia —y su ampliación— formulada por los diputados Ariel Robles y Jonathan Acuña, así como una que ingresó anónimamente por correo electrónico, además de las copias de los registros visitas a la Presidencia.
Se enlistan, además, estados de cuenta de RMC La Productora, documentos sobre los servicios ofrecidos por la empresa; contratos; oficios y borradores del Banco de Integración Económica; actas e informes de la comisión que investigó las presuntas irregularidades relacionadas con publicidad estatal; documentos de la Policía Judicial; así como publicaciones de medios de comunicación.
Destaca a su vez la incorporación de contratos, adendas, borradores, correos electrónicos, transferencias y otros documentos relacionados con el alquiler con opción de compraventa de la casa.
Finalmente, se tiene el decomiso de un dispositivo de almacenamiento masivo realizado a Navarro.
