Por Juan José Herrera 29 de abril de 2026, 15:45 PM

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) arremetieron contra la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el proyecto que descongelaría las pensiones de 30 mil jubilados del magisterio.

En un pronunciamiento público, APSE dijo “repudiar enérgicamente” la posición del Gobierno de Rodrigo Chaves con el expediente 24.353, que se votó en segundo debate a mediados de este mes de abril.

“Este veto del presidente Chaves, con el apoyo de la futura presidenta, significa no solo una invisibilización de una población vulnerable, sino el desprecio por un sector compuesto por 30 mil pensionados que han tenido sus pensiones congeladas durante seis años debido a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“No es de recibo que a estas alturas el Poder Ejecutivo vete un proyecto que impactaría positivamente a un sector que ha estado históricamente comprometido con la educación y el país en general, que ha provisto a la población de herramientas para el mejoramiento de este país”, señaló el sindicato.

Jupema, por su parte, lamentó lo que para ellos es un trato injusto a un importante grupo de profesionales que dedicaron su vida al servicio del país y la educación.

“En Jupema lamentamos que esto esté sucediendo con docentes que entregaron su vida por varios años a educarnos a todos, que cumplieron con su labor y que dieron años en las aulas educándonos. Que no se le reconozca el aumento por costo de vida a seis años ya de tener sus salarios congelados, nos parece que atenta contra un derecho humano que es fundamental.

“Me parece que eso riñe en contra de algunos derechos fundamentales y tal vez a nivel internacional también. Son 30 mil educadores y sumémosle las personas que dependen de esos salarios, que no van a poder cumplir con lo que son las cuestiones básicas en una etapa que es donde necesitan más atención, más medicamentos”, aseveró Carlos Hernández, presidente de Jupema.

El veto, firmado por la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, alega razones de “oportunidad y conveniencia”, especialmente por la falta de financiamiento para cubrir el gasto en que incurriría el Estado para financiar ese aumento.

En ese escenario, es difícil pensar que el Gobierno entrante cambie de postura sobre esa decisión, lo mismo para un resello que tendría que discutir un Congreso de amplia mayoría oficialista.

Aun así, Jupema hizo un llamado a las autoridades a reconsiderar el tema.

“Yo tengo la esperanza de que doña Laura Fernández y los 31 diputados, algunos de las provincias más pobres del país y que conocen la situación de los docentes, reivindiquen esto por un tema de dignidad”, finalizó Hernández.

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