Por Paulo Villalobos 5 de junio de 2026, 16:00 PM

Luego de que el Estado fuera condenado a cancelar más de ₡3.220 millones en costas por las acciones civiles —reclamos económicos— hechos en el escándalo de supuesta corrupción conocido como "Reaseguros", el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, señaló que la suma establecida es la correspondiente a los honorarios de su defensa técnica.

El exmandatario (1998-2002) apuntó que el 29 de mayo pasado, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no hizo una valoración de los daños que le fueron producidos por 25 años de persecución penal en el marco del caso, sino que entró a aplicar normas con base en las pretensiones civiles que se expusieron durante el contradictorio en el cual resultó absuelto.

"Lo que ve (el órgano jurisdiccional) es que hay acusaciones y querellas temerarias que, sin fundamento, llevan a una persona a un juicio y le exigen compensaciones civiles por $69,7 millones y por años lo mantiene con acusaciones que no tienen ningún sentido ni ninguna consistencia. En los procesos penales y los procesos civiles y en los procesos laborales, el que pierde una acusación temeraria, una acción temeraria, es condenado en costas y las costas las fijan las normas.

"En este caso, la gran mayoría de las costas se las lleva la Defensa Pública, lo que me parece maravilloso", manifestó el exgobernante ante una consulta de Teletica.com.

Y en efecto. Del monto que fue impuesto al Estado, se tiene que el 42,47% (₡1.368 millones) tendrá que entregársele a la representación legal del Rodríguez.

El expresidente enfatizó que esa cifra corresponde a "25 años de honorarios", que es el tiempo por el que se ha prolongado —hasta ahora— el proceso.

"No es que los voy a cobrar, es que los tienen que pagar, no tengo nada que cobrar", respondió el exmandatario cuando este medio le preguntó sobre si iba a efectuar un reclamo sobre la suma.

El monto en cuestión es aparte del que el expresidente eventualmente puede cobrar daños y perjuicios, derivados de la absolución por certeza que consiguió en los expedientes 01-009428-0042-PE y 05-000002-0621-PE.

Pero antes de que cualquiera de esos escenarios se convierta en una realidad, la resolución primero debe quedar en firme. Ello se visualiza lejano, pues el Ministerio Público adelantó que formulará una apelación al respecto.

Sobre las condenas dictadas, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dijeron que aguardarán por la sentencia integral (prevista para el 26 de junio próximo) antes de referirse al respecto. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no se ha pronunciado sobre el particular.

A Rodríguez se le acusaba de presuntamente haber orquestado un plan criminal para sustraer y distraer fondos públicos, a partir de contratos suscritos por la aseguradora estatal con empresas reaseguradoras, en momentos en los que la entidad ejercía un monopolio de esa actividad en el país.

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