¿Por qué una pensión adelantada para el OIJ y no para Fuerza Pública?
Mientras el proyecto para los agentes judiciales está a un paso de aprobarse, el de los policías se archivó en comisión.
El próximo 8 de abril, el Plenario Legislativo tiene previsto votar, en segundo debate, el proyecto de ley que pretende rebajar la edad de pensión de los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de 65 a 55 años.
La medida, impulsada desde la pasada Asamblea Legislativa por el exdiputado Dragos Dolanescu, beneficiaría a todo agente judicial que, por sus funciones, requiera de la portación de un arma de fuego.
Si bien la iniciativa parece tener un buen ambiente en el Congreso, la fracción oficialista insiste en que esta no solo crearía un hueco financiero en el régimen de pensiones del Poder Judicial, sino que además promovería una marcada desigualdad entre esos funcionarios y otros con una exposición y riesgo similares, por ejemplo, los policías de la Fuerza Pública.
De hecho, el propio presidente Rodrigo Chaves cuestionó ayer, en su conferencia de prensa semanal, por qué el Congreso hace ese “favor” al OIJ y no a los policías que también arriesgas sus vidas y sufren de un importante desgaste físico.
Y aunque la respuesta del mandatario es que los primeros son “aliados” de los diputados, lo cierto es que esta Asamblea también impulsó un proyecto para adelantar la pensión de los policías, pero se archivó en comisión hace apenas dos semanas.
¿Por qué?
La propuesta para los oficiales de Fuerza Pública, impulsada por el socialcristiano Carlos Andrés Robles, proponía una pensión anticipada proporcional para todos aquellos policías que tuvieran, al menos, 50 años de edad.
Como requisitos, los oficiales tenían que tener 25 años de servicio y 300 cuotas.
El problema con esa iniciativa es que el diputado nunca acompañó su idea de un estudio actuarial que permitiera determinar, entre otras, el impacto que tendría en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS.
“Cuando se trabajan proyectos de pensiones es importante que exista un estudio actuarial que fundamente cualquier decisión que vayamos a tomar, especialmente en un tema tan delicado por el sistema mismo y también para que las personas que van a recibir esa pensión pues existan las garantías de que eso se va a dar.
“En este proyecto no hubo estudio actuarial y en la Comisión de Asuntos Sociales hemos sido bastante estrictos en que para votar favorablemente tiene que haber un estudio actuarial de por medio”, precisó la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales que dio dictamen negativo, unánime, al proyecto.
La otra iniciativa, que salió de Jurídicos, también se dictaminó sin ese estudio actuarial en 2023, pero ese documento luego se incorporó al expediente, tal y como se prometió hace dos años.
“El tema más relevante fue el estudio actuarial que se aportó al expediente, que a diferencia de otras iniciativas de este tipo ese estudio arrojaba datos interesantes y positivos en cuanto a la solidez del régimen de pensiones del Poder Judicial y esa proyección que hacían los técnicos actuariales hacía posible que se pudiera cumplir con esa rebaja de edad de los oficiales del OIJ.
“Tuvo una incidencia importante en la discusión y votación en la comisión, porque a diferencia de otras iniciativas que nada más proponen una rebaja alegremente, esta nos detalló su impacto”, explicó el también liberacionista Danny Vargas, presidente de ese órgano.
Vargas insistió en que, durante esa discusión, los diputados reconocieron que en muchos países del mundo los cuerpos policiales tienen edades de retiro menores al resto de la población “por el desgaste que tienen esas personas por sus funciones. Evidentemente, un policía de 60 años no tiene el mismo desempeño de uno de 20”, dijo.
Por eso, según el legislador, lo que acabó inclinando la balanza fue ese estudio que, según recordó, aportó una viabilidad a la medida en el tiempo.
“El estudio nos dio esa respuesta que nos daba esa proyección de que en los próximos 20 años era viable, obviamente con el tiempo pues cambia, como sucede en la CCSS”, aceptó.
El presidente Chaves adelantó ayer miércoles que vetará la propuesta tan pronto como llegue a Zapote. Para su votación en segundo debate, la iniciativa necesitará de, al menos, 38 votos a favor.
