Proyecto para indemnizar a víctimas de estafa no cubre a tarjetas de crédito

El proyecto de ley que obligará a las entidades financieras a indemnizar a sus clientes que sean víctimas de estafa no cubre a los fraudes cometidos con tarjetas de crédito.

Esa es una de las principales críticas que recibió la propuesta este miércoles, luego de ser votado en segundo y definitivo debate.

“Existe una confusión con tarjetas de crédito, este proyecto no aplica a fraudes con tarjeta de crédito pese a alguna interpretaciones erróneas, eso ya está regulado por otros marcos legales y nunca fue la voluntad del legislador incluirlo en este proyecto de ley”, precisó el diputado del PUSC, Alejandro Pacheco, minutos antes de votar a favor.

La propia Asociación Bancaria Costarricense calificó ese punto como un “vacío” en la norma recién aprobada, pues el proyecto es claro en que solo obligaría a las entidades financieras a responder por operaciones vinculadas a cuentas bancarias.

“Para la Asociación, este elemento refuerza la necesidad de que las personas usuarias tengan claridad sobre los alcances reales de la ley, e insta a los diferentes actores a que se trabaje en una propuesta que sea realmente balanceada y se extienda a todas las posibilidades del delito en los que ataca el crimen organizado actualmente”, aseveró la ABC.

La entidad insistió que la norma aprobada no solo genera inseguridad jurídica, sino que ha creado una falsa percepción sobre sus alcances, especialmente con la idea de que las entidades financieras deberán indeminizar a sus clientes de manera automática. ​

“El propio texto votado por los diputados establece un procedimiento para analizar cada reclamo por fraude, en el cual las entidades financieras deberán investigar los hechos y emitir una resolución sobre la procedencia o no del reclamo. Esta decisión deberá ser revisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y, si existe desacuerdo de la víctima con el resultado, la persona usuaria tendría la posibilidad de acudir a la vía judicial para continuar con el proceso”, explicó la ABC.

Precisamente, los diputados que votaron la reforma reconocieron que es previsible pensar que la mayoría de los casos serán judicializados, suponiendo no solo largos procesos para los afectados sino además una carga para tribunales ya de por sí saturados.

Tanto la ABC como la propia Superindentencia de Entidades Financieras (SUGEF) insistieron en que la propuesta tiene problemas relevantes de diseño jurídico y operativo, lo mismo como dificultades prácticas para resolver los casos en los plazos previstos, que en la mayoría son de 10 días hábiles.

La SUGEF, además, insistió en que se le atribuyen competencias que por ley no tiene, convirtiéndolo en una suerte de juez entre las partes.

Aún así, los legisladores insistieron en que los bancos y el resto de autoridades son también responsables de esta situación, al no haber ofrecido respuestas ágiles y oportunas a una problemática que no para de crecer en el país.

“Los bancos han sido unos grandes irresponsables y además los grandes responsables de que hoy estemos aprobando un proyecto de ley que no va a resolver el problema y les estamos diciendo (a las víctimas) que sí, que este texto les va a resolver el problema”, dijo la también socialcristiana, Daniela Rojas.

El proyecto deberá ir ahora a Casa Presidencial para recibir la sanción de Rodrigo Chaves, o en su defecto, el veto presidencial.