“Tontera”, “ignorancia” y “cortina de humo”: candidatos rechazan suspensión de garantías

La posibilidad de suspender garantías constitucionales ante un eventual encrudecimiento de la violencia, mencionada por la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), provocó un rechazo generalizado entre sus adversarios en la presente campaña electoral.

Solo dos de los otros 19 aspirantes ven necesario implementar dicho instrumento jurídico, según se desprende de preguntas directas planteadas por Teletica.com.

La mayoría de quienes pretenden alcanzar la Presidencia de la República se oponen al planteamiento o consideran que debe ser la última opción a valorar, ante escenarios radicales.

"Me parece una ocurrencia de doña Laura Fernández. Otra más, a la que nos está acostumbrando en las últimas semanas, que parecen sacadas del librillo de política que ella dijo que tenían ahí a mano en una entrevista. Pero lo cierto es que doña Laura se está presentando como la continuidad de este Gobierno en materia de seguridad y este Gobierno nos ha llevado a ser el segundo país más violento de América Central y ha permitido que el narcotráfico entre como Pedro por su casa.

"Entonces, en lugar de hablar de estados de excepción o esas tonteras, tenemos que enfocarlo en soluciones reales y concretas a la seguirdad", comentó Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Por su parte, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que no está de acuerdo con una determinación de ese tipo. En esa línea, recordó que un estado de excepción como el planteado debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ante lo que anticipó que una eventual fracción suya no pondría votos para tal iniciativa.

En esa línea, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exsuperintendente general de Pensiones recordó las restricciones impuestas durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19 y lo incómodas que estas resultaron para los ciudadanos. Ramos hizo ver que, en caso de un levantamiento de derechos individuales, sería todavía peor.

"Lógicamente, siempre esto en todo el mundo como un discurso contra los criminales. No se vale, porque siempre termina siendo contra la gente, y nosotros no lo vamos a aceptar", apuntó el aspirante verdiblanco.

Precisamente, Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), había anticipado que medidas como la indicada por Fernández “abren la puerta al abuso”.

En el mismo sentido, se pronunció Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), al asegurar que esta posibilidad debilita la democracia, al tiempo que se presta para excesos.

"Nos domina un gobierno que se pelea con todos menos con el crimen organizado y un continuismo que nos propone circo y quitar libertades", dijo la ex Primera Dama.

Situación similar ve Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN). Desde su punto de vista, lo mismo pasó en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Lo que escuchamos fue una improvisación peligrosa. Hablar de suspender libertades en Costa Rica con tanta ligereza revela un profundo desconocimiento de cómo funciona la seguridad y de lo que vive la gente todos los días.

"Sinceramente, no creo que esa idea venga del presidente Rodrigo Chaves; si él creyera en semejante barbaridad, ya lo estaría aplicando en su propio Gobierno", dijo Natalia Díaz, del Partido Unidad Podemos (PUP).

La antecesora de Fernández en el Ministerio de la Presidencia, a su vez, cuestionó a qué se refiere la candidata oficialista al afirmar que impulsaría la suspensión de garantías “si la cosa se pone muy fea”.

"¿Qué será feo para ellos? Hoy vivimos en un país con más de setecientos homicidios al año, con niños reclutados por bandas criminales, con secuestros, extorsiones y asesinatos de empresarios. ¿Qué más tiene que pasar para entender que lo que hace falta no es encerrar a la gente buena, sino recuperar el control del territorio y enfrentar a los criminales con inteligencia, tecnología y autoridad real?", aseveró.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), mostró su rechazo absoluto con cualquier levantamiento de derechos individuales.

"¿Qué es esa barbaridad de que ahora los candidatos presidenciales con tanta facilidad hablan de quitarle a los ciudadanos costarricenses sus derechos individuales, sus garantías individuales dizque para combatir el crimen? ¿Usted cree que los criminales se van a ver afectados porque a usted le quitan sus derechos?", expuso el diputado.

Para Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD) una propuesta de este tipo solo se puede comprender desde el “desconocimiento o la ignorancia total”, mientras que Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (ACR1), piensa que el planteamiento no es más que una “cortina de humo”.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), criticó la propuesta por “populista” y “extrema”; Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense (PJSC), la tachó de “innecesaria”; mientras que David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT), considera que no es más que una “muestra más” de los tintes “autoritarios” de la aspirante que se promueve como la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves.

Por su lado, Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), se posicionó en contra de un estado de excepción, al igual que lo hicieron Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y José Aguilar, del Partido Avanza (PA). Estos dos últimos, sin embargo, enfatizaron en que una medida de ese tipo no debe descartarse, siempre y cuando se hayan agotado todas las vías ordinarias para intentar solucionar el problema de la inseguridad.

Del otro lado

Una visión cercana a la de Laura Fernández tienen Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

Sin embargo, ambos se arrogaron haber hecho el mismo planteamiento —o similares— antes que la oficialista.

"Para serle franco nos ha llamado la atención en Nueva República que algunos están planteando esto como una propuesta de la candidata oficialista cuando realmente no es ninguna novedad. Ya desde hace varias semanas yo puse esta propuesta sobre la mesa, hablando de la necesidad en primer lugar de una declaratoria de emergencia para darle más recursos a los cuerpos de seguridad, y en segundo lugar, de una convocatoria al Consejo de Seguridad para que este le planteé a la Asamblea Legislativa la posibilidad de un estado de excepción, no si se pone fea la situación, porque ya la situación amerita que se tomen medidas serias y contundentes".

"Este es un tema que avala la Constitución y que está en la Constitución. Nosotros hemos planteado que ante la situación en la que estamos, el Consejo de Seguridad debe identificar, no sería para todo el territorio, cuáles son los puntos en donde ya de por sí la gente vive en un estado de excepción, gente que no puede salir de sus casas, que pasa con temor. De manera que el Consejo de Seguridad es el que tiene que definir cuáles serían las condiciones o especificaciones de ese estado de excepción", indicó el congresista.

Mientras que el otro aspirante cree que su adversaria hizo un planteamiento erróneo y acabó por “imitar mal” su propuesta.

Zamora considera que únicamente debe aplicarse la suspensión de la libertad de tránsito en “zonas calientes”.

Para este artículo, este medio además pidió posiciones a Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), así como a Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), pero estos no respondieron a las preguntas enviadas al cierre de esta publicación.