TSE avala que candidatos asistan a actos públicos, pero advierte a funcionarios

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un amparo electoral contra la candidata Laura Fernández, por su asistencia a actos del Gobierno de la República y vincular su discurso con el "proyecto rodriguista" o con "los jaguares".

Los magistrados fundamentaron esa decisión en que es lícito que quienes compiten por el poder vinculen sus discursos con grupos que han ejercido o ejercen el poder y valerse de lo que entienden como el buen hacer de un movimiento político con el que se identifican.

A ello agregaron que los aspirantes no tienen —en principio— limitaciones jurídicas para presentarse a actividades públicas convocadas por las instituciones o las autoridades públicas, por lo que su presencia en ellas no les acarrea responsabilidad.

Sin embargo, los magistrados advirtieron que la presencia de candidatas en estos eventos puede “comprometer indebidamente” a los funcionarios que organizan o dirigen.

Por eso, los servidores públicos deben garantizar una actitud temperante y neutral frente a esa presencia de candidatos o candidatas en dichos actos. Cualquier manifestación de simpatía o antipatía para con quien contiende por un cargo de elección puede acarrearles varios tipos responsabilidad, dentro de los que se encuentra la electoral (por beligerancia política).

En línea con lo anterior, la Autoridad Electoral recordó que la asistencia de los aspirantes no puede ser una excusa o un medio velado para desatender el deber de imparcialidad que tienen los servidores públicos, porque ellos no pueden prestarse para que representantes de ofertas políticas particulares obtengan réditos de su imagen, al realizar acciones que puedan ser interpretadas como cercanía o afinidad política.

De darse esa situación, los funcionarios se exponen a denuncias por beligerancia política, así como a otro tipo de sanciones administrativas por mal uso de fondos públicos.

Así, los jerarcas que presiden los eventos y, en general todos los servidores públicos que intervengan en su planificación, organización, vigilancia o ejecución; deben tomar las medidas necesarias para garantizar que esos eventos no se conviertan en una plataforma de visibilización de un grupo político, de modo que si bien, en sus mensajes propagandísticos los partidos pueden referir al buen hacer del grupo en el poder con el que se identifican, esto no es legítimo hacerlo en medio de una actividad organizada por el Gobierno.

El recurso rechazado fue presentado por Brandon Toruño.