Por Paulo Villalobos 23 de octubre de 2025, 16:40 PM

El 14 de octubre pasado, la candidata Laura Fernández convocó a la prensa a una conferencia “urgente” en su “casa de campaña” en Rohrmoser de Pavas, en San José.

Aquel día, la aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) denunció el hallazgo de un “micrófono de espionaje” oculto en un tomacorriente de su oficina.

En su exposición ante los medios, la exministra de la Presidencia indicó que la vivienda había sido puesta a disposición por el candidato a diputado Antonio Barzuna, y que la misma la usaba como espacio de trabajo y para reuniones, más no como un reducto de campaña, y que por eso no tenía banderas en sus exteriores, como sí lo tiene la llamada “Casa Rodriguista” en el Barrio Escalante, también en Carmen de San José.

Tales declaraciones —que incluso contradecían lo señalado por su oficina de prensa en la convocatoria a los medios— llegaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que tan solo tres días más tarde remitió una misiva en la que hacía una serie de consultas respecto a la propiedad.

Campaña de Laura Fernández

Mediante el oficio DFPP-0948-2025, el Área de Fiscalización de Información Financiera de la Autoridad Electoral requirió a Pueblo Soberano detallar la dirección del inmueble, el nombre y la cédula del dueño registral, la fecha desde la que inició la utilización del inmueble para actividades relacionadas con su candidatura, el origen de los fondos destinados a la cobertura del pago para el uso del inmueble (donación, ingresos o pasivos) y quien los facilitó.

También pidió se detalle si el partido gestionó o autorizó la contratación de servicios de seguridad privada para esa casa.

Para responder a esa información, a la agrupación que se promueve como la continuidad del proyecto del presidente Rodrigo Chaves se le concedieron cinco días hábiles. Ese plazo se cumple el próximo viernes 24 de octubre.

"Cabe considerar que la negativa infundada a este tipo de requerimientos podría evaluarse en el marco de las disposiciones recogidas en el artículo 293 del Código Electoral vigente", reza la nota en poder de Teletica.com.

El Área de Fiscalización de Información Financiera había solicitado, el 28 de agosto anterior, a Pueblo Soberano que detallara la lista de locales de los que hacía uso, pero en ese documento no se incluyó la vivienda en cuestión.

De hecho, la propia Fernández reconoció que tenía poco de haber abierto su oficina a ese lugar.

Consultado al respecto por este medio, Barzuna dijo que —hasta el día del oficio— la aspirante tenía “varios días” en la vivienda, que antes estuvo alquilada por “cinco o siete” años a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El secretario general, candidato a vicepresidente y jefe de campaña de Pueblo Soberano, Francisco Gamboa, aseguró a Teletica.com que se tiene un contrato para el uso de la vivienda y que "está en orden". Asimismo, indicó que la información será enviada oportunamente al Tribunal de Elecciones.

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