Venta de activos, tenencia de armas y monopolio de Recope: ¿Qué opinan los precandidatos del PLN?

La contienda interna del Partido Liberación Nacional se decidirá el próximo 6 de abril, cuando la agrupación verdiblanca elija a su representante de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En esa puja quedan cuatro figuras: los economistas Álvaro Ramos y Marvin Taylor, así como los hoy diputados, Gilberth Jiménez y Carolina Delgado.

Teletica.com les consultó qué opinan sobre cuatro temas polémicos que podrían ser terreno de discusión en la venidera campaña rumbo a Zapote: la venta de activos del Estado, la flexibilización de la regla fiscal y/o Empleo Público, el fin del monopolio de Recope y la flexibilización de los requisitos para la portación o tenencia de armas.

La única que no respondió a las consultas fue la diputada Delgado, pese a las reiteradas consultas a su encargada de prensa.

Venta de activos:

 En este punto los tres precandidatos consultados coinciden en su negativa.

“Estoy en contra, máxime de activos que hoy son rentables y que aparte de eso, tienen un uso de bienestar social y que no pueden ser vendidos para que los ricachones sigan aprovechándose de los recursos del sector público”, aseveró Jiménez.

“No estoy de acuerdo porque en la presente administración, los procesos de venta de activos estatales han sido opacos y han provocado una lectura generalizada de que las ventas están pensadas para favorecer a unos pocos en detrimento de los actuales colaboradores y trabajadores”, dijo Ramos.

Taylor, por su parte, rechazó la idea, pero específicamente para la venta del Banco de Costa Rica.

“Quiero ser muy claro: el Banco de Costa Rica no está a la venta. Esta es una institución insignia de la Segunda República. Es una institución fundamental para promover el acceso financiero, la bancarización en el país, con una gran extensión de sucursales a lo largo y ancho del país, y es una institución que genera superávits que pueden ser utilizados para política pública”, declaró.

Flexibilización de portación o tenencia de armas de fuego:

En este punto, también hay una negativa generalizada.

“No favorezco la flexibilización del uso de armas, uso y propiedad de armas. En los países en donde esto ha ocurrido, los resultados han sido fatales. No le daría mi aprobación a una flexibilización en este campo, sino, como he dicho, a una acción más decisiva de parte del Gobierno y de parte del Presidente de la República en cumplimiento de su responsabilidad básica de asegurarnos condiciones en las cuales podamos ganarnos la vida, enviar a nuestros hijos a las escuelas”, respondió Taylor.

“¿Flexibilizar la posibilidad de tener armas? No, más bien, restringirla mucho más”, aseveró Jiménez.

“No estoy de acuerdo con esto, consideramos que el problema de Costa Rica no es la tenencia legal, eso ya está regulado, el problema real es la tenencia irregular. El país se inunda con armas de 3D. Es un problema quien fabrica, distribuye y hace llegar a manos criminales este tipo de armas, así como otras de mayor calibre que circulan en manos de personas violentas. Una persona que se preocupa por pasar los procesos legales de tenencia es un ciudadano de bien”, precisó Ramos.

Poner fin al monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope):

“Recope debe ser una de las piezas claves en la transformación energética del país. Para ello, las diversas funciones históricas de Recope se tienen que analizar de una en una, porque es importante lograr esa transformación de la mano de expertos en la materia, muchos de ellos dentro del propio Recope”, explicó Ramos.

“Eso me parece que no nos afectaría. Creo que hay una posibilidad de ser más competitivos y definitivamente abrir ese mercado, como se abrió el mercado de seguros y otros mercados, no tendría problema”, dijo a su vez Jiménez.

Taylor prefirió no responder sobre esta materia.

Flexibilizar la regla fiscal y/o la Ley de Empleo Público: 

“Sí, estoy de acuerdo con que se debe cambiar la regla fiscal. En la práctica internacional, lo idóneo es una regla fiscal de oro, llamada así porque vincula los ingresos y los gastos de tal manera que el gasto corriente no sea financiado con deuda. El modelo que se está aplicando en la actualidad es una regla fiscal de gasto que se aleja de dichas mejores prácticas porque no toma en cuenta la evolución de los ingresos fiscales.

“La Ley de Empleo Público, pensada bajo el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, ha sido implementada por la presente administración de una forma que ha preservado disparidades difíciles de justificar. Peor aún, se ha implementado de una forma que está provocando la salida de personal técnicamente especializado difícil de reponer”, explicó Ramos.

Gilberth Jiménez, también dijo estar de acuerdo.

“Totalmente, me parece que hemos llegado a generalizar como si todas fueran de la misma aplicación y debemos tener esa flexibilidad”, añadió.

Taylor, igual que en el punto anterior, prefirió no referirse.