Por Paulo Villalobos |22 de julio de 2025, 18:01 PM

Los defensores de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith arremetieron contra la acusación leída la tarde de este martes en el juicio que se les sigue por presunto tráfico de influencias.

Esto porque, a su criterio, los hechos resultan “atípicos”, es decir, no constituyen delito.

“Miembros del tribunal: si ustedes hacen una lectura detallada de lo que acaban de leer los señores fiscales (la acusación), no se describe delito alguno. No existe ninguna acción típica. Esa es la primera acotación y parte fundamental de la estrategia de la defensa”, puntualizó el abogado de Smith, Francisco Dall’Anese.

“No pueden los acusadores, ni penal ni civil, rellenar los faltantes a esta acusación y esta acción civil, porque dice tráfico de influencias. ¿Cuáles? ¿Qué dijeron? ¿Qué ofrecieron? ¿Amenazaron? Nosotros no sabemos de qué tenemos que defender a doña Berenice. Ni ustedes saben por qué los están juzgando. Pero no es culpa de los fiscales, porque ellos no redactaron esto. Pero claramente, al traer esto a juicio, sin que mi patrocinada sepa qué se le atribuye, porque lo que dicen es que ejerció influencias, y repito, ¿cuáles? Si ustedes aceptan lo que va a pretender el señor fiscal, y es probar una influencia que no está acusada, ustedes violarían el principio de correlación entre la acusación y la sentencia”, agregó.

Dall’Anese también cuestionó cuál es la supuesta “ventaja indebida” que recibió Araya producto de “gestiones” de Gamboa y Smith, si el primero solo solicitó se aclarara la condición en la figuraba en el expediente 12-000096-621-PE.

La acusación indica que, ante una consulta periodística, la oficina de prensa de la Fiscalía informó que Araya figuraba como imputado en la sumaria antes mencionada. Sin embargo, Araya apenas era denunciado.

“Coincido con Francisco en que aquí no se desprende cuál fue la influencia ni cuál fue el beneficio indebido, lo cuál ya es suficientemente fuerte para desacreditar el caso que se sigue en contra de nuestro representado”, acotó por su lado el abogado de Araya, Juan Marcos Rivero.

“Por supuesto que la persona tiene el derecho de que se indique cuál es la confusión y, además, que se corrija el dato, ya que está mal. Ahí no hay ningún tráfico de influencias por ningún lado. Es el ejercicio legítimo de un derecho”, añadió.

De seguido, el codefensor de Araya, Alfonso Ruiz, recordó que en el caso de su cliente, además, no se prevalió de ningún cargo porque no lo ostentaba (era candidato a alcalde).

El jurista mencionó que su cliente tampoco tenía relación jerárquica con quienes podían hacer algo para resolver su gestión.

“Los hechos no son típicos. Y lo decimos con mucha vehemencia porque ya tuvimos la experiencia de este juicio. Sabemos que, sin variar las circunstancias, el resultado del debate… incluso nos atrevemos a decir, trataremos que este debate se resuelva con una sentencia de absolutoria por certeza, porque acá no se ha cometido ningún ilícito. Y si no hay delito, por supuesto, no puede haber un daño social”, manifestó Ruiz.

Por su parte, la representación de Gamboa, a cargo de su hermana, Natalia, reiteró los alegatos que ha mantenido desde el inicio y que dieron pie a su absolutoria, hace cuatro años.

En ese sentido, aseguró que la Fiscalía lo que hizo al acusar fue "criminalizar" una constancia administrativa que buscaba rectificar una información errónea.

"Lo convirtieron en un delito de tráfico de influencias de una manera muy extraña, porque lo que hicieron la Procuraduría y la Fiscalía fue mutilar el expediente original, donde desde diciembre de 2012 ya la Fiscalía había identificado a tres personas como imputados, excluyendo a Johnny Araya y a otra persona que ni siquiera se investigó y, además, no se han dado cuenta al día de hoy que no se le pidió ni una desestimación, ni sobreseimiento, ni nada. Incluso, la Procuraduría desde 2013 se había constituido como parte y había señalado a tres personas como imputados.

"Entonces, en un expediente que lleva un rezago de 2012 a 2015-16 sin ningún acto de investigación, más que dos o tres entrevistas; que un ciudadano solicite que se le haga constar que no tiene condición de imputado, porque además, desde 2012 se le consideraba testigo, decir que eso es una ventaja indebida a mí me cuesta mucho sostenerlo jurídicamente. Eso no es sustentable jurídicamente y por eso no entiendo qué hacen la Procuraduría y el Ministerio Público perdiendo recursos en un juicio como este", expuso Gamboa ante una consulta de Teletica.com.

Al cierre de la jornada, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó una actividad procesal defectuosa de la abogada, pero le reconoció al menos dos horas para que se reúna con su representado, a fin de que este pueda coordinar asuntos relacionados con su defensa. Lo anterior ante reiteradas denuncias sobre supuestas limitaciones en el ejercicio de ese derecho.

Está previsto que el contradictorio reanude el miércoles con las declaraciones de Araya y Gamboa.

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