Informe sugiere subsidiar alquileres a los jóvenes ante elevados costos de vivienda en Costa Rica
El 45% de las viviendas arrendadas en el país las ocupan personas de 39 años o menos.
La dificultad de los jóvenes para emanciparse y acceder a una vivienda propia se ha convertido en uno de los principales retos habitacionales del país.
Un reciente Informe y Balance del Sector de la Vivienda 2024 advierte sobre los altos precios de la tierra y el acceso limitado a financiamiento entre quienes busquen tener su primera casa propia.
De acuerdo con el estudio, en 2024 los jóvenes entre 15 y 39 años concentran un 45% de las viviendas alquiladas en Costa Rica, lo que los convierte en el sector con mayor dependencia de esta modalidad.
En contraste, la población adulta (40 a 59 años) representa cerca del 41%. Esta tendencia no es casual: factores como la precariedad laboral, los ingresos iniciales reducidos y el encarecimiento del suelo urbano han limitado la posibilidad de acceder a crédito o comprar vivienda propia.
El informe subraya que esta situación se refleja en la vida familiar: casi el 60% de los jóvenes de 20 a 29 años aún vive con sus padres, un porcentaje significativamente superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que se ubica en 49%.
Países como Dinamarca, Alemania y Finlandia —donde existe mayor oferta de alquiler asequible— presentan cifras mucho menores, lo que sugiere una estrecha relación entre disponibilidad de vivienda en arrendamiento y la emancipación juvenil.
El coordinador del estudio, Franklin Solano, advirtió que la falta de información precisa sobre los alquileres en Costa Rica dificulta la toma de decisiones.
“No contamos con datos suficientes, adecuados y mucho menos actualizados sobre la dinámica del alquiler. No hay un registro de cuánto se paga mensualmente ni de las tarifas de corta estancia, como las de Airbnb, y eso deja enormes vacíos para diseñar políticas públicas”, señaló.
Pese a esas limitaciones, Solano destacó que existen señales sobre las barreras económicas que enfrentan los jóvenes para independizarse.
“Para un joven que gana 300 mil o 400 mil colones, pagar un alquiler de 200 mil es prácticamente imposible. No encuentra opciones intermedias: o son casas completas, que resultan muy caras, o son aposentos en condiciones infrahumanas que deberían cerrarse. Falta un término medio con soluciones pequeñas, bien acondicionadas y accesibles”, explicó.
Eso sí, explica que Costa Rica debe profundizar en las razones por las que los más jóvenes no salen de su núcleo familiar, para determinar el peso del factor económico frente a otras potenciales metas que pueda tener, como comprarse un carro o ahorrar para viajar.
Frente al escenario del elevado costo, el informe plantea la posibilidad de implementar subsidios al alquiler, dirigidos a los jóvenes en su etapa inicial de independencia. Se propone un bono equivalente al 30% del monto mensual del arrendamiento por un periodo máximo de tres años.
“La idea es que los primeros años fuera del hogar paterno son los más complicados. Un subsidio temporal ayudaría a estabilizar las finanzas de los jóvenes, permitiría ahorrar y a futuro facilitaría el acceso a vivienda propia”, comentó Solano.
La discusión ocurre en un contexto de encarecimiento de la tierra en el país. Según el Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024, elaborado por la UCR, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Gestionado Hábitat, el precio promedio del metro cuadrado en la Gran Área Metropolitana es de $285, con picos que alcanzan hasta los $1.837/m² en zonas céntricas de San José.
En contraste, los precios más bajos se encuentran en distritos periféricos de Alajuela, donde rondan los $62/m². Esta disparidad territorial contribuye a la presión sobre los alquileres en las zonas urbanas de mayor demanda laboral.
“Se ha perdido la posibilidad de construir para el alquiler. Lo que existe son inversiones individuales en condominios, pero no un desarrollo pensado para ofrecer vivienda de arrendamiento asequible. Incorporar subsidios y proyectos urbanos de pequeña escala podría abrir oportunidades para los jóvenes y reducir la presión sobre el mercado”, puntualizó Solano.
El informe concluye que la coyuntura obliga a repensar la política habitacional.
