Millonario robo en BN y acusación contra expresidente Solís son algunos de los sonados casos de 2023

Durante este 2023 el Poder Judicial estuvo inmerso en muchas investigaciones por todo tipo de casos que van desde el millonario robo en el Banco Nacional, anulación de sentencias absolutorias por crímenes que sacudieron el país, hasta acusaciones contra el expresidente Luis Guillermo Solís por la aparente comisión de delitos.​

Primero nos remontamos al mes de febrero donde el Tribunal Penal de Buenos Aires, Puntarenas, sentenció a Juan Eduardo Varela Rojas a 22 años de cárcel por el homicidio del líder indígena Yehry Rivera.

Un conflicto por tierras indígenas habría provocado el asesinato de Rivera en la zona del Térraba (Zona Sur). El ataque se dio la noche del lunes 24 de febrero de 2020 en Potrero Grande de Buenos Aires, comunidad de Mano de Tigre.

Yehry Rivera, de 45 años, tuvo un altercado con un familiar del sentenciado, sin embargo, este último en determinado momento sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones hiriéndolo mortalmente en el hombro, axila, espalda y cabeza.

Una de las bandas más violentas y reconocidas de San José identificada como “Los Lara” fue condenada a cárcel por el Tribunal Penal de Pavas por narcotráfico.

Con penas que van desde los nueve a dieciséis años de prisión, el tribunal consideró que son responsables de narcotráfico.

Los jueces indicaron que los acusados vendían drogas en localidades ubicadas al sur de San José como Sagrada Familia, Cristo Rey, Hatillo y Alajuelita. Además, su ilícito negocio lo habrían logrado llevar hasta Santa Ana y el cantón de Garabito en Puntarenas.

Otro de los casos que debía de resolverse este año fue el del sacerdote costarricense que había sido acusado de abandonar a su sobrino en un desierto de Arizona, Estados Unidos.

La Fiscalía había pedido contra el hombre, de apellido Brenes, ocho años de prisión. Sin embargo, las juezas no lo encontraron responsable de los delitos que se le imputaban: tráfico ilícito de personas y abandono de incapaz.

Los hechos por los que se le acusaron se remontan al 18 de junio de 2018. Ese día, Brenes regresó a Costa Rica y, tres días más tarde, Migración del país norteamericano ubicó al niño caminando sin compañía por el desierto. En aquella oportunidad, el consulado de Costa Rica en EE. UU. contactó a la madre del menor para entregarle al niño.

A mitad de este 2023, la Sección Primera del Tribunal Penal de Cartago le dictó la pena máxima de 35 años de cárcel, por homicidio calificado, al asesino de Luany Salazar.

Kenneth Mejía había sido condenado, por primera vez, a 18 años de cárcel por homicidio simple, así como a un año más por robo simple en julio de 2021; sin embargo, en marzo de 2022, el Tribunal de Cartago aceptó la apelación presentada por el abogado defensor de la joven, Joseph Rivera, y esa sentencia fue anulada.

El caso volvió a juicio. El 24 de agosto de 2022, el Tribunal lo condenó, por segunda vez; pero, en esta ocasión, a 26 años de cárcel. Una vez más, Rivera apeló en busca de una pena mayor, la cual fue aceptada.

Fue el lunes 26 de junio de 2023, cuando Mejía volvió a juicio y el tribunal le dijo que era un depredador y exterminador por la forma tan violenta en la que mató a Luany Salazar por lo que le impuso la pena máxima de 35 años de cárcel.

Según la investigación, Salazar fue asesinada con arma blanca, la noche del 9 de junio de 2020, en la casa de Mejía. Luego, en apariencia, fue arrastrada hasta el patio de la vivienda, donde fue enterrada. 

Así como el caso de Luany, cuyo juicio por su muerte tuvo varias apelaciones en busca de la condena máxima, también pasó con Allison Bonilla. El Tribunal Penal de Cartago le impuso (el pasado mes de setiembre) la pena máxima de 35 años de prisión al sujeto que la asesinó.

Más de tres años esperó la familia de Allison para escuchar la sentencia por la que tanto lucharon.

A Nelson Sánchez Ureña, alias “Sukia”, ya otro tribunal lo había declarado autor responsable del crimen de Allison, pero le había dictado 18 años de prisión, sin embargo, tras de nuevo a juicio el nuevo tribunal le reprochó la forma cruel e inhumana con que acabó con la vida de la joven, a quien lanzó a un basurero clandestino de 450 metros de profundidad, estando aún viva y tras agredirla sexualmente.

Uno de los casos que más sonó en el año fue el del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) luego de que el Ministerio Público confirmó que lo acusó junto con cuatro miembros que fueron parte de su Gobierno por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.

Las restantes personas acusadas son de apellidos Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional; y Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional. 

Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.

Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.

Este caso que involucra al exmandatario aún se encuentra a la espera de ser elevado a juicio.

Otro de los hechos que involucró, no solo a una familia, sino a todo un país, fue el homicidio del joven Marco Calzada cuya condena contra dos hermanos involucrados en el asesinato se dio el 15 de agosto de 2023.

Por unanimidad el Tribunal declaró a los hermanos Rojas López, coautores responsables del delito de homicidio calificado con robo agravado, y a cada uno se les impuso 24 años de prisión por el primer delito, y siete años por el segundo delito, para un total de 31. Sin embargo, por las reglas de concurso ideal deberán de descontar la pena de 24 años de cárcel.

Los hermanos hirieron con un arma blanca al ofendido y se llevaron su teléfono celular. Producto de la agresión, la víctima murió en el lugar. Los hechos por los que se le acusaron ocurrieron el 2 de julio de 2022, en horas de la noche, en las cercanías del Barrio Chino, en el centro de la capital.

Por los hechos, en noviembre de 2022, otros tres menores de edad que tuvieron participación también fueron sentenciados y actualmente cumplen condena.

Los casos de la anestesióloga María Luisa Cedeño y María Tacsan irán de nuevo a juicio tras el análisis de los recursos de apelación de los distintos expedientes.

En el caso de la anestesióloga, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada dispuso anular las sentencias absolutorias dictadas en favor de los imputados de apellidos Miranda y Bodaan. De esta forma, un tribunal se integrará para resolver la situación jurídica de ambas personas. 

Cedeño fue asesinada en la habitación de un hotel donde vacacionaba en Manuel Antonio, Quepos.

Por otro lado, en el caso del hombre de apellido Herrera, quien fue el único condenado, el pasado 21 de abril, a 50 años de cárcel por violación y homicidio calificado contra la anestesióloga, tendrá que recibir una nueva pena, ya que se recalificaron los hechos probados como un delito de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, y tres delitos de violación calificada, cometidos en concurso material. 

Algo similar ocurrió en el caso de María Tacsan. El Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada dispuso anular la sentencia absolutoria, dictada por el Tribunal de Juicio de Heredia, a favor de un médico de apellidos Pérez Hernández. Es decir, irá nuevamente a juicio.

De acuerdo con el Poder Judicial, la decisión se tomó "por falta de fundamentación intelectiva". 

Pérez, quien era esposo de la ofendida, había sido acusado por la Fiscalía de crear un plan para acabar con la vida de Tacsan y simular que su muerte habría sido producto de un suicidio. Los hechos ocurrieron el 19 de setiembre de 2020 en la casa donde vivía la pareja, en San Rafael de Heredia.

Siete empleados del Banco Nacional de Costa Rica fueron suspendidos luego de una investigación que realizó a lo interno, específicamente en el área de Administración de Numerario (tesorería), por la supuesta sustracción de ¢3.293 millones en la bóveda principal.

Por este caso conocido policialmente como “Gallo tapado”, se logró determinar que el principal sospechoso de sacar el dinero de la bóveda lo hacía en sobres de manila y, al parecer, hacía millonarias compras de lotería diariamente.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó seis meses de prisión preventiva contra el principal sospechoso del robo y dispuso la liberación de los otros seis.

Así las cosas, el tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle, ya descuenta la medida prisión preventiva. Entretanto, los supervisores de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Ugalde Morales, Blanco Oviedo y Ramírez Sandí; el contador de apellidos Hernández Saborío; y la autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo, Cerdas Méndez, deberán cumplir con impedimento de salida del país y para influir en testigos.

Contra el exjefe de la Tesorería, de apellidos Madrigal Faerron, se dispusieron estas mismas disposiciones.

Durante el último trimestre de este año la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual realizó, al fin, la acusación formal del caso Aldesa y pidió la apertura de juicio.

Luego de la investigación realizada, la Fiscalía determinó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido delitos.

Francisco Campos, abogado de cinco de los investigados por el caso Aldesa, entre ellos el expresidente de la empresa, Javier Chaves, confirmó a Teletica.com que su cliente rechazó los cargos que se le acusan y aseguró que va a ampliar su declaración.

Chaves, actualmente, cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.

La Corporación de Inversiones Aldesa había sido allanada el 10 de junio de 2019 luego de anunciar una falta de liquidez para poder cumplir con los pagos a sus accionistas. Ante tales hechos, acudió a los tribunales en busca de una salida a una severa crisis de liquidez y la imposibilidad de pagarle a sus acreedores.

Por este caso, la Corte Plena acusó a varios funcionarios de la Superintendencia de Valores (Sugeval), debido a denuncias relacionadas con incumplimiento de deberes.

El caso se denomina "Piazza", cuyo nombre surgió por parte de las autoridades con motivo de la cadena de supermercados Plaza, era utilizado por la estructura para supuestamente lavar dinero. Esas tiendas dejaron de operar hace un tiempo.

La organización también tenía negocios como una estación de servicio y un lubricentro en Santo Domingo, así como un taller en playa Jacó de Garabito.

La banda en apariencia importaba cocaína y marihuana desde Colombia, a través de lanchas rápidas que llegaban al Pacífico Central de Costa Rica.

Ambos estupefacientes eran llevados hasta San José. De ahí, la cocaína era presuntamente almacenada, para su posterior envío a Europa o Estados Unidos. La marihuana, por otro lado, se traficaba en el mercado local.

La agrupación supuestamente hacía lo que se denomina policialmente como un "outsourcing", que incluye el traslado de las sustancias ilícitas, su transporte, bodegaje y posterior envío fuera del territorio nacional.

El líder de esta aparente organización criminal desarticulada en múltiples allanamientos por parte del OIJ y Fiscalía, y quien actualmente permanece en prisión preventiva, ya había cumplido una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Este sujeto de nacionalidad colombiana y de apellido Estupiñán Montaño, alias “Pecueca”, hace algunos años fue detenido en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió sentencia por narcotráfico, sin embargo, como fue naturalizado costarricense, volvió al país.

Durante el mes de noviembre los agentes judiciales de Pococí y Guácimo, Limón, dieron otro importante golpe tras realizar 48 allanamientos para desarticular una supuesta banda dedicada a la venta de tiempos ilegales en esos cantones y que estarían liderados por el narco más buscado del país conocido con el alias “Diablo”.

La diligencia, coordinada con el Ministerio Público, se realizó en casas y comercios que aparentemente se dedican a esa actividad ilícita, y tiene como fin obtener evidencia importante para el caso, conocido policialmente como "Fortuna".

La investigación inició en julio de este año por el presunto delito de Infracción a la Ley de Loterías.

Según la Junta de Protección Social (JPS), la venta de lotería ilegal genera en el país más de mil millones de colones al año.

Otro de los casos más relevantes fue el identificado como “Corona”, el cual investiga a una organización criminal que enviaba cargamentos de cocaína liquida a Europa e Israel a través de una empresa envasadora de bebidas. 

El Juzgado Penal de La Unión de Tres Ríos, Cartago, dictó prisión preventiva de seis meses para siete imputados en esta investigación.

El grupo detenido había instalado un laboratorio en medio de las montañas de Coronado, en donde, al parecer, procesaba la cocaína líquida que enviaban a Israel.

La peligrosa droga que está matando a cientos de miles de personas en América llegó a Costa Rica más rápido de lo que esperaban las autoridades, luego de que una estructura criminal aparentemente dedicada al trasiego, la producción y venta de fentanilo fue desarticulada tras una serie de allanamientos ejecutados en San Sebastián de San José, Tibás y La Guácima de Alajuela.

Esta pesquisa que inició a finales de enero anterior y que culminó con la detención de los sospechosos el pasado mes de noviembre estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) de Estados Unidos, así como por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Se presume que este grupo comercializaba la dosis de la droga a $15 y que recientemente se ha encargado de “inundar” la capital con la distribución de esta sustancia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza como analgésico y anestésico y es de 50 a 100 veces más potente que la morfina.

Los grupos narcos costarricenses están mezclando el fentanilo con otras drogas para generar mayor efecto y las venden en pastillas de colores para llamar más la atención de sus compradores.

Por último y no menos importantes están las acusaciones que se acumulan en el Ministerio Publico contra el actual presidente de la República Rodrigo Chaves. 

Son más de 30 y según dijo el mandatario en una de las conferencias de prensa de los miércoles en Casa Presidencial, son "cosas absurdas y frívolas".

Las denuncias son por el aparente tráfico de influencias, nombramientos ilegales, prevaricato, incumplimiento de deberes, peculado, coacción, donaciones ilegales de campaña y hasta por inacción.